El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, comenzó la implementación de un agresivo programa de deportaciones de inmigrantes en situación irregular y con antecedentes delictivos del país norteamericano hacia sus países de origen. Esto tensó las relaciones con diversos países latinoamericanos, que protestaron principalmente el “mal trato” hacia los inmigrantes en el proceso de deportación.
En este sentido, el domingo 26/1 la administración Trump envió dos vuelos abordados por nacionales colombianos deportados de Estados Unidos hacia Colombia, a los cuales les fue denegado su acceso al país por el presidente Gustavo Petro, quien protestó porque se les dé un trato digno a sus connacionales en la deportación si es que Estados Unidos quiere efectivamente que esas personas sean aceptadas de vuelta en su país de origen.
Ante esta situación el presidente Trump, desde su cuenta en la plataforma Truth Social, acusó al mandatario colombiano de “poner en peligro la seguridad nacional y pública estadounidense” al negarse a aceptar los vuelos con personas deportadas, muchas de las cuales el presidente norteamericano calificó como “delincuentes”.
Por este motivo, Trump impuso una serie de medidas de represalia, las cuales calificó como “urgentes y decisivas”, en pos de disuadir a Petro de su decisión de no aceptar el ingreso de los vuelos con deportados.
Las medidas incluyen, por un lado, la aplicación de aranceles de emergencia de un 25% a todos los bienes que ingresen a los Estados Unidos desde Colombia, con la posibilidad de aumentarlos a un 50% en el plazo de una semana. Esto afectaría enormemente a los sectores del café, las flores y el crudo colombianos, haciéndoles perder competitividad. Por otro lado, se impondrán controles en el movimiento de nacionales colombianos, revocando las visas de funcionarios gubernamentales del país sudamericano y de miembros y familiares pertenecientes al partido Colombia Humana del presidente Petro. Por último, el presidente Trump también anunció sanciones financieras y bancarias a Colombia, apoyándose en la “Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales”, sancionada en Estados Unidos en 1977 bajo el mandato de Jimmy Carter, la cual permite al presidente de turno tomar medidas que modifiquen la política económica en situaciones excepcionales de “amenaza a la seguridad nacional”.
Ante este panorama, Petro puso a disposición el avión presidencial del gobierno colombiano para el transporte de los nacionales deportados, con el fin de brindarles un trato “digno y honrado” a los mismos. Sin embargo, el presidente también anunció un pedido que le hizo al ministro de comercio exterior del país para que aplique la misma medida que Trump, un 25% de aranceles a los productos estadounidenses que ingresen a Colombia, iniciando una suerte de “guerra comercial” contra EE.UU. Ahora, solo queda observar cómo evoluciona y cómo podría afectar a los sectores competitivos colombianos.
Que el conocimiento no se extinga.