El gobierno ecuatoriano decidió aplicar unilateralmente un arancel de "seguridad" del 30% a las importaciones colombianas a principio de año. El motivo declarado: la falta de compromiso de Colombia en el combate al narcotráfico y la minería ilegal que opera en la frontera compartida. Este tipo de medidas, similares a las del gobierno de Donald Trump, son inéditas en la región sudamericana, y sustentarlas en razones de seguridad nacional resulta aún más sorprendente.
Al no obtener la respuesta esperada, el gobierno ecuatoriano escaló: el 1 de marzo elevó el arancel al 50%. Colombia no tardó en responder de forma recíproca, imponiendo un gravamen equivalente sobre algunos productos ecuatorianos. El 16 del mismo mes, el presidente Gustavo Petro denunció un presunto bombardeo por parte de Ecuador en territorio colombiano y, en un giro inesperado de la crisis, solicitó la intervención de Donald Trump.
Tanto Colombia como Ecuador son miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y fue precisamente ese organismo el que intentó tender un puente. Gracias a la mediación de su secretario general, Gonzalo Gutiérrez, ambas partes se sentaron a dialogar y manifestaron su voluntad de mejorar la cooperación fronteriza en materia de seguridad. En el comunicado conjunto que suscribieron Ecuador, Colombia y la CAN se señala "la necesidad de continuar trabajando con un alto nivel de compromiso por parte de los dos Estados, para avanzar de manera firme y concreta en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha". No obstante, las tensiones continuaron en la práctica.
El pasado 29 de abril, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa acusó a través de su cuenta en X al líder colombiano de impulsar una incursión de guerrilleros colombianos a través de la frontera común. Gustavo Petro negó las acusaciones con una respuesta directa: "Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras". Días después, en una alocución televisiva, el mandatario colombiano afirmó que los explosivos empleados en el atentado del Cauca eran de origen ecuatoriano.
La espiral arancelaria alcanzó su punto de quiebre en mayo, cuando Ecuador elevó el gravamen al 100%, una cifra que convirtió el intercambio comercial entre los dos países en algo cercano a la ficción. La medida, sin precedentes en la historia de la relación bilateral, fue recibida con incredulidad en los mercados y con preocupación en los organismos regionales.
Sin embargo, el 1 de junio ambos gobiernos decidieron dar marcha atrás. La reversión de los aranceles abrió una ventana de distensión, aunque difícilmente borra los meses de roces que pusieron a prueba décadas de integración andina.
La crisis entre Ecuador y Colombia no es, en el fondo, solo una disputa arancelaria. Es el síntoma de una frontera que ninguno de los dos países ha logrado gobernar con eficacia, y donde el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados siguen dictando sus propias reglas. Los aranceles pueden revertirse con un decreto; los problemas estructurales que los provocaron, no. Queda por ver si la pausa diplomática alcanzada a comienzos de junio dará paso a una cooperación real o si, como en episodios anteriores, será apenas un intervalo antes de la próxima crisis.
Que el conocimiento no se extinga.