Santiago Peña fue destituido el pasado viernes 6 de noviembre de la Presidencia de Paraguay y quedó bajo arresto domiciliario en el marco de la investigación penal por el caso Ueno Bank. El Senado lo declaró culpable por mal desempeño de sus funciones y resolvió su remoción por unanimidad, con los 44 legisladores presentes a favor. La decisión puso fin anticipadamente al mandato que había comenzado en agosto de 2023 y habilitó la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana.
La destitución llegó después de dos jornadas de tensión institucional. El jueves, Peña había presentado su renuncia en medio de la crisis financiera y de la pérdida de respaldo político dentro del Partido Colorado. Sin embargo, el Congreso no aceptó la dimisión y continuó con el procedimiento de juicio político. La Cámara de Diputados aprobó la acusación contra el mandatario y el Senado se constituyó como tribunal para analizar los cargos y resolver su continuidad en el Ejecutivo.
La sesión definitiva se desarrolló este viernes en ausencia del presidente. Aunque inicialmente había anunciado que comparecería personalmente para ejercer su defensa, Peña finalmente no se presentó y fue representado por sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro. Sus defensores cuestionaron los plazos del procedimiento y solicitaron que se aceptara la renuncia presentada el día anterior, en lugar de continuar con el juicio político. El Senado rechazó previamente el pedido de la defensa para obtener otras 72 horas de preparación, por 39 votos contra tres.
Santiago Peña arriba a la cárcel militar de Viñas Cué, acompañado por personal de las Fuerzas Armadas. - Ministerio de Defensa de Paraguay / EFE
La acusación se centró en el presunto mal desempeño de sus funciones y en los vínculos que Peña mantuvo con el grupo empresario propietario de Ueno Bank. Los legisladores cuestionaron su participación accionaria anterior en Ueno Holding, de la que se desprendió en 2025, y la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de la entidad financiera, al frente del Banco Central del Paraguay. También señalaron la colocación de fondos públicos en el banco, entre ellos depósitos del Instituto de Previsión Social, que habrían superado los límites legales.
El caso estalló después de que el Banco Central iniciara el proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad que había crecido rápidamente hasta convertirse en uno de los principales bancos del país. La institución tenía cerca de tres millones de clientes y más de 800 millones de dólares en depósitos públicos. Los reguladores detectaron problemas de solvencia y la medida dejó a millones de usuarios sin acceso habitual a sus ahorros y provocó protestas en distintas ciudades paraguayas.
La oposición responsabilizó al Ejecutivo por la supervisión de la entidad y cuestionó la relación entre el poder político y el grupo empresario. Peña negó haber actuado en beneficio del banco. Pero el escándalo debilitó su posición dentro del oficialismo y terminó de exponer las tensiones que mantenía con Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado.
Cartes había sido uno de los principales impulsores de la carrera política de Peña y su respaldo resultó determinante para que llegara a la Presidencia. La relación entre ambos se deterioró a medida que el mandatario buscó construir una base propia de poder. La disputa también estaba atravesada por la sucesión presidencial de 2028 y por el control de la estructura partidaria. Cuando el escándalo de Ueno Bank estalló, Cartes respaldó el avance del juicio político y dejó al presidente sin el sostén político que necesitaba para resistir la crisis.
La destitución también tiene consecuencias institucionales para Peña. La Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden acceder a una banca vitalicia en el Senado, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables. Al ser removido por el Congreso, Peña quedó excluido de esa posibilidad y no contará con los fueros parlamentarios asociados a esa condición.
La situación del exmandatario se agravó pocas horas después de la votación. La Fiscalía ordenó su detención en su domicilio por sospechas de lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con el caso Ueno. La medida también alcanzó a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central. Según la información difundida por Associated Press, ambos debían permanecer en sus viviendas hasta ser puestos a disposición de la unidad fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Peña todavía no tiene una condena penal y las acusaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial.
La investigación contra el exmandatario forma parte de un conjunto de causas abiertas por el colapso de la entidad financiera. La Fiscalía también investiga a directivos y exdirectivos del banco, mientras que 27 personas fueron acusadas por distintos delitos vinculados con las operaciones de la institución. Entre los hechos bajo análisis figuran presuntas irregularidades crediticias, operaciones con empresas relacionadas y el manejo de fondos públicos.
La salida de Peña representa un desenlace excepcional para la política paraguaya: el presidente intentó dejar el cargo mediante una renuncia, pero el Congreso optó por continuar el juicio político y removerlo. A la destitución se sumó ahora una medida de detención domiciliaria que traslada el centro de la crisis desde el Palacio de López hacia los tribunales. Mientras Pedro Alliana se prepara para asumir la Presidencia, el futuro político del Partido Colorado y las responsabilidades penales por el colapso de Ueno Bank permanecen abiertos.
Que el conocimiento no se extinga.