Durante el mes de abril en Perú se hizo pública una serie de denuncias presentadas por un grupo de ciudadanos que señalaban que sus familiares fueron engañados mediante falsos anuncios laborales en Rusia, lo que terminó derivando en su reclutamiento para combatir en la guerra contra Ucrania.
El modus operandi comienza con un primer contacto a través de redes sociales como Instagram, WhatsApp y Telegram donde se ofrecen empleos como personal de seguridad o cocineros, con sueldos que oscilan entre los 2.000 y 4.000 dólares, superiores a los ingresos promedio en Perú, además de promesas de bonos y beneficios adicionales. Con el fin de generar confianza, los reclutadores cubren los gastos de traslado y hospedaje. No obstante, al llegar a territorio ruso los ciudadanos son obligados a firmar documentos en ruso sin traducción, lo que les impide conocer su contenido y deriva, en muchos casos, en su incorporación al servicio militar. Asimismo, sus documentos de identidad y teléfonos móviles son confiscados, lo que imposibilita la comunicación con sus familiares o de que soliciten apoyo.
Otra modalidad señalada en las declaraciones de los peruanos en Rusia consistía en hacerles firmar contratos que los endeudaban con montos imposibles de pagar, lo que los obligaba a integrarse al ejército ruso como forma de saldar la deuda. Entre los testimonios más destacados figura el de una madre que denunció que su hijo fue contactado para trabajar como cocinero, pero terminó luchando en el frente ruso.
En cuanto a la posición del Estado peruano, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó explicaciones a la embajada de Rusia sobre el paradero y la situación de los ciudadanos peruanos involucrados. Por su parte, la embajada rusa en Perú confirmó los hechos y señaló que respeta la decisión de ciudadanos extranjeros de colaborar con el Estado ruso en la defensa de su soberanía. Asimismo, indicó que atenderá las solicitudes de los familiares a través de los canales consulares formales.
Por otro lado, tras la repercusión de las denuncias, el 1 de mayo de 2026 la fiscalía peruana anunció el inicio de una investigación preliminar y solicitó información adicional al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Servicio de Migraciones. Hasta el momento, se reporta la muerte de 15 ciudadanos, en su mayoría sin experiencia en combate. Pese a este panorama, se informó que el lunes 4 de mayo seis ciudadanos peruanos regresaron al país tras haber sido reclutados ilegalmente. La cancillería del Perú señaló mediante un comunicado que continúa monitoreando la situación y gestionando el retorno de los 18 nacionales.
Que el conocimiento no se extinga.