En los últimos siete años, pasaron seis presidentes por la Casa de Gobierno del Perú, todos ellos involucrados en causas corrupción e investigaciones, incluyendo a la actual presidente: Dina Boluarte, la cuenta con un nivel de aprobación del 5% y la oposición ya intentó destituirla tres veces por incapacidad moral permanente. Con el reciente fallecimiento de Alberto Fujimori y los escándalos de Dina Boluarte, Perú podría estar viviendo un nuevo episodio de corrupción, y sería la sexta vez que un Jefe de Estado y de Gobierno tenga problemas con la justicia.
En el 2016 el presidente de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), renunció por el escándalo de corrupción de Odebrecht, en el que resultó estar implicado. Desde entonces, hubo tres presidentes: Vizcarra, Merino y Sagasti. En 2021, Pedro Castillo asumió el poder para luego ser destituido por un intento de autogolpe de estado en el plazo de un año. Su sucesora presidencial fue Boluarte.
Esta crisis política no es nueva. Desde la época de Fujimori en los 90, todos los presidentes que lo sucedieron tienen o tuvieron problemas con la ley después de terminar sus respectivos mandatos; exceptuando a dos mandatarios: Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. Ambos fueron presidentes por sucesión constitucional.
Hagamos un recuento los primeros mandatarios de la nación peruana que han tenido problemas con la ley:
Fue elegido en 1990 tras vencer al escritor Mario Vargas Llosa. Disolvió el Congreso y se dio un autogolpe de estado en 1992. Fue reelegido en 1995 y en 2000. En ese año, debido a presiones opositoras y acusaciones por violaciones a los derechos humanos, huyó a Tokio y renunció al cargo por fax. Luego fue destituido por el Congreso por incapacidad moral permanente. Estuvo detenido en Chile en 2005, extraditado y condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, corrupción y malversación. En 2017, PPK le concedió un indulto humanitario, lo que resultó ser un favor político a su hijo Kenji para que éste, junto con su bancada, se abstuvieran de votar para evitar su primer proceso de vacancia. En 2018, fue anulado dicho indulto por el Juzgado Supremo. El 6 de diciembre de 2023 fue liberado tras una controvertida decisión del Tribunal Constitucional del Perú. Debido a quebrantos de salud falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años de edad. Fue sucedido por Valentín Paniagua que gobernó durante 273 días y aseguró la realización de una transición democrática y transparente.
Elegido para el periodo 2001-2006 y tuvo una presidencia accidentada: el país creció económicamente, pero él tuvo varios escándalos personales. Luego de su mandato, en 2017 fue acusado de lavado de activos con Odebrecht por aceptar 20 millones de dólares para favorecer a la empresa en la concesión de los tramos II y III de la Ruta interoceánica Brasil-Perú. Fue prófugo de la justicia y se ofreció una recompensa por él. En 2019 fue detenido en los Estados Unidos, extraditado a Perú en 2023. Actualmente permanece recluido en la cárcel Barbadillo.
Él ya había sido presidente entre 1985 y 1990. Se exilió en Colombia y luego en Francia después del autogolpe de Fujimori. Regresó en 2001, y en 2006 fue reelecto para el mandato 2006-2011, la cual fue una buena presidencia. En 2019 fue acusado de lavado de activos, cohecho y colusión agravada a favor de la empresa Odebrecht. El 17 de marzo de ese mismo año, al llegar la policía a su casa luego de que se dio la orden para detenerlo, éste se disparó en la cabeza para evitar ser capturado. Lo llevaron al hospital y después de más de tres horas en cirugía, falleció debido a una hemorragia cerebral masiva, producto del disparo. Es el segundo presidente que se quita la vida desde Gustavo Jiménez en 1933.
Presidió el mandato de 2011 a 2016 tras vencer a Keiko Fujimori. Durante su mandato fue acusado de recibir dinero del presidente venezolano Hugo Chávez para financiar su campaña. En la post-presidencia también estuvo involucrado con el caso Odebrecht junto con su esposa Nadine Heredia, ambos acusados por lavado de activos, ocultamiento de dinero y asociación ilícita para delinquir. En 2017, el Ministerio Público ordenó la detención de ambos por 18 meses, él y su esposa se entregaron voluntariamente y cumplieron nueve en prisión. En 2018, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación luego de hallar discrepancias. Actualmente el matrimonio Humala Heredia se encuentra en libertad, pero bajo investigación y sin poder salir del país. La Fiscalía pide una pena de 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia.
Fue el presidente de mayor edad en asumir el cargo. A sus 77 años fue elegido ante Keiko Fujimori en una votación muy reñida para el mandato 2016-2021. Durante este periodo, fue investigado por presunto lavado de activos y corrupción por favorecer a la empresa First Capital Partner Consultora, que se encontraba vinculada al caso Odebrecht, durante el periodo de presidencia de Alejandro Toledo cuando era su Ministro de Economía y Finanzas y Presidente del Consejo de Ministros. Para Navidad del 2017, PPK le concedió un controvertido indulto humanitario a Alberto Fujimori, lo que generó múltiples polémicas y protestas. En marzo de 2018, se vio inmerso en los denominados “Kenjivideos”, donde el senador Moisés Mamani mostró cómo Kenji Fujimori, junto con otros senadores, lo sobornaron para que votara en contra del pedido de vacancia presidencial contra el presidente. Debido a esto, PPK renuncia formalmente a la presidencia. En 2019, fue detenido por el caso de Odebrecht y se le dio 36 meses de prisión domiciliaria debido a su edad. Desde 2022 se encuentra en libertad condicional sin poder salir de la ciudad de Lima a la espera de un juicio.
Sucedió a PPK, por ser su primer vicepresidente. Se caracterizó por ser reformista en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia del gobierno. En 2019, disolvió el congreso y anunció elecciones anticipadas. Ante esto, el Congreso lo suspendió por un año y lo reemplazó con la vicepresidente Mercedes Aráoz, pero los gobernadores y la cúpula militar lo apoyaron y lo reafirmaron como Jefe de Estado. Debido a esto, la vicepresidente renunció y el Congreso fue disuelto. En 2020, Vizcarra fue destituido por un nuevo Congreso por presuntos sobornos durante su gestión regional en Moquegua a negocios metalúrgicos y también se le ha solicitado su presencia por el caso Lava Jato. Su destitución causó protestas en todo el país y muchos sugirieron que era un golpe de estado. Durante su presidencia contó con una aprobación alta por parte del pueblo. En 2021, estalló el escándalo “Vacunagate”, que reveló que Vizcarra, su familia y amigos fueron vacunados contra el COVID-19 antes de que estuviera habilitada para el público, por esto fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años. Fue reemplazado por Manuel Merino en primera instancia, pero renunció a los cinco días debido a la presión de los medios de comunicación y la represión por parte de la policía en las protestas, que dejaron dos muertos y muchos heridos. El mandato fue finalizado en 2021 por Francisco Sagasti que puso en marcha el programa de vacunación contra el COVID-19 en todo el país.
Elegido presidente en las elecciones de 2021, tras vencer a Keiko Fujimori. Sus primeros meses estuvieron marcados por disputas con la derecha radical, sobrevivió a dos solicitudes de destitución. Ha sido objeto de varias investigaciones por corrupción y tráfico de influencias. El 7 de diciembre de 2022, disolvió el Congreso y anunció el Estado de Excepción, esto se percibió como un autogolpe de estado y el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente. Castillo fue detenido por su propio escolta cuando se dirigía a la embajada de México: primero fue retenido por 7 días y luego el plazo se extendió a 18 meses por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. En 2024, el Poder Judicial amplió por 14 meses la prisión preventiva y enfrenta un pedido de 34 años de prisión por parte de la Fiscalía.
Es la actual presidente y la primera mujer en el cargo. Era la vicepresidente cuando detuvieron a Castillo y fue juramentada como mandataria en medio de protestas y manifestaciones en todo el país. Al comenzar su gestión tenía un 16% de aprobación y llegó a su punto máximo en marzo de 2023 con un 19%, pero luego descendió estrepitosamente cuando se conocieron sus escándalos y acusaciones. Este octubre, según la última encuesta realizada por Datum Internacional, su aprobación cayó al 5%. Boluarte tiene varias investigaciones en curso en su contra. Algunas de estas son: por la represión por parte de la policía en las protestas de 2022, que dejó varios muertos y heridos; una por encubrimiento, y una en contra de la administración de la justicia por haber desactivado el equipo de policías que apoyaba a los fiscales anticorrupción que la investigan a ella, a su hermano y a su abogado personal. Asimismo, la investigan por presunto lavado de activos, financiamiento ilegal, por enriquecimiento ilícito, y por no declarar las costosas joyas y relojes que posee, lo que llevó al allanamiento de su casa, del Palacio Presidencial y de su vehículo personal. Boluarte ha enfrentado tres pedidos de destitución por parte del Congreso y a pesar de no tener bancada que la respalde, ha salido bien librada debido a que un bloque de grupos conservadores la blindaron.
La hija de Alberto Fujimori y la eterna candidata del Perú. Ha llegado a segunda vuelta, pero ha sido derrotada en tres ocasiones por Humala, Kuczynski y Castillo. Cumplió 16 meses de prisión preventiva, ya que fue investigada por el caso Odebrecht. En julio de este año, el Poder Judicial instaló un juicio en su contra por presuntamente cometer los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia y piden 30 años de condena.
Luego de este recuento, podríamos decir que la crisis política del país es una combinación de varios factores, entre los que se encuentran la inestabilidad política, la corrupción institucional, la polarización social, la fragmentación del sistema de partidos, los constantes choques entre los poderes ejecutivo y legislativo que conllevan a un impacto socioeconómico.
Al hacer un desglose de estos factores, se refleja como la falta de liderazgo debido a los numerosos cambios presidenciales han generado inestabilidad y la corrupción se ha infiltrado ampliamente tanto en la política peruana como en el gobierno en sí, debido a los escándalos de los altos funcionarios y esto profundiza la desconfianza en los peruanos. Sumándole a esto, la polarización y la desigualdad que hay entre lo urbano y lo rural; esto se incrementó más con la elección y posterior destitución de Pedro Castillo, él cual era un líder rural, dejando en evidencia la división agravada entre estos dos sectores.
Agregándole a esto, los constantes choques entre el legislativo y el ejecutivo provocado por la ineficiencia y conflictividad que hay en los partidos políticos que se hallan en el Congreso, que a su vez dificulta llegar a consensos entre estas dos ramas que paraliza la gobernabilidad y afecta el desarrollo de nuevas políticas públicas, dando así lugar a la incertidumbre económica que conlleva al desaliento a la inversión, al aumento del desempleo y al descontento social manifestadas en protestas masivas que va afectando la confianza del pueblo hacia las instituciones, lo cual genera un impacto a nivel socioeconómico.
En síntesis, esta mezcla de factores está propiciando un entorno propenso al surgimiento de líderes populistas y/o movimientos radicales, que poco a poco van erosionando la democracia. Para poder resolver todo esto, se requeriría reformas a mayor profundidad y el genuino compromiso de todos los actores involucrados para cambiar la cultura política que hay allí.
Dicho todo esto, es válido preguntarnos: ¿Será que la corrupción está tan impregnada en la política peruana que están condenados a una interminable incertidumbre e inestabilidad política?
Que el conocimiento no se extinga.