México al límite: ¿La reforma judicial marca el fin de la Justicia? 

El presidente Andrés Manuel López  Obrador, a menos de tres semanas de concluir su mandato, logró aprobar definitivamente una  polémica reforma que permite al pueblo elegir a jueces y magistrados.

 En un giro sin precedentes para el sistema judicial mexicano, el presidente Andrés Manuel López  Obrador, a menos de tres semanas de concluir su mandato, logró aprobar definitivamente una  polémica reforma que permite al pueblo elegir a jueces y magistrados. Pero, ¿qué implica este  cambio? Los expertos en ciencias jurídicas aseguran que esta reforma viola la división de poderes,  al permitir que los jueces ya no sean seleccionados por sus conocimientos, sino por sus influencias,  como ocurre con los políticos. Esto garantiza, según los críticos, que los jueces favorezcan al  partido oficialista en lugar de defender los derechos del pueblo mexicano. 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: "Es reafirmar que en México hay una  auténtica democracia, esa es la democracia, no las élites ni la oligarquía". Sin embargo, la reforma ha generado grandes controversias: provocó que los ciudadanos se manifestaran en su contra y que los jueces federales se declararan en huelga en todo México. Algunos manifestantes incluso lograron entrar al recinto legislativo al grito de "¡Traidores!”,  lo que generó que al menos un trabajador del senado resultase herido mientras flameaba la bandera  mexicana. 

¿Quién puede ser juez y qué implicaciones tiene esta reforma judicial? 

 Antes de la reforma, algunos de los principales requisitos para ser juez de distrito eran ser abogado, tener  al menos 30 años de edad, no haber sido condenado por delitos dolosos y lo más importante: aprobar  una serie de rigurosos exámenes que aseguraban el conocimiento técnico, la objetividad y la  imparcialidad de los candidatos. 

En cambio, los requisitos que ajusta la reforma son más  subjetivos y académicos: se exige un buen promedio en la carrera de derecho y en las materias  relacionadas, la presentación de un ensayo justificando la postulación y cinco cartas de referencia  de vecinos. Además, la reforma propone eliminar las pensiones vitalicias de los jueces, reducir la  cantidad de magistrados y sus salarios, e incorporar un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos  miembros serían elegidos por votación popular. 

 Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la nación de México, se convirtió  en la mayor antagonista del presidente mexicano y comentó: “No sé si es un capricho del  presidente, pero estoy convencida de que la reforma a la justicia es más política que técnica”. 

Cómo se implementó este modelo en otros países: 

 El modelo de elección de jueces por voto popular ha sido incorporado en países como Estados  Unidos y Japón, aunque únicamente a nivel local y con el requisito de pruebas previas que garanticen  el conocimiento de los postulantes. El país que más se asemeja a lo propuesto en México es Bolivia. Es el único país que elige a los jueces de los tribunales superiores por voto popular. Sin embargo, al ponerlo en práctica, más del 60% de los votos obligatorios emitidos por el pueblo boliviano fueron en blanco o nulos. Muchos críticos afirman que se debe a que los jueces no podían hacer campaña electoral privada, lo que provocó que muchos acudieran únicamente para evitar una multa y votaran sin conocer a los candidatos. Además, los aspirantes a jueces son  preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que implica que la mayoría del partido político dominante en el Congreso influye en la selección. Por ello, se dice que los jueces deben alinearse con los intereses del partido para conservar sus cargos, lo que favorece a la persecución  de sus opositores. 

El voto decisivo de la reforma judicial 

 En base a predicciones tentativas, los senadores calcularon que tenían 85 votos asegurados a favor de la reforma, es decir, faltaba un voto. Este voto decisivo involucra a una de las familias más importantes e  involucradas en la política de México. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del  exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), se  mostró en contra de la reforma y en línea con la posición de su partido previo a la votación. Sin embargo, presentó una solicitud de ausencia el día de las elecciones. En su lugar, fue su padre Yunes Linares, que a la hora de votar dió el voto decisivo a favor de la iniciativa oficialista. Esto provocó que, en pleno debate legislativo, los propios compañeros del partido le gritaran “¡Yunes traidor!” mientras lo abucheaban. Luego de la sesión, Yunes Márquez afirmó que estaba a favor de la reforma, es decir en contra de lo esperado por su propio partido. El partido del PAN tomó la decisión de iniciar el proceso para la expulsión de ambos, lo que podría terminar con sus carreras políticas. 

 La familia Yunes se encuentra involucrada en diversas controversias políticas y está siendo  investigada por delitos como enriquecimiento ilícito, corrupción y pederastia. Se ha especulado que  el voto decisivo que aprobó la reforma propuesta por el partido opositor fue resultado de amenazas, con el objetivo de frenar las investigaciones judiciales en curso. 

 Finalmente, luego de las intensas controversias y debates de los últimos meses en México, la  reforma fue aprobada no solo por el Congreso de la Unión, sino también por más de 17 congresos locales. El 15 de septiembre de 2024 el presidente López Obrador promulgó oficialmente la reforma  y autorizó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que implica su entrada en vigor. Ahora, resta observar cómo se desarrollará esta innovadora y controvertida implementación,  especialmente a la luz de las experiencias en Bolivia.

Que el conocimiento no se extinga.