Hace poco más de seis meses, Nicolás Maduro era el hombre más poderoso de Venezuela. El martes 22 de julio, en cambio, volvió a ingresar como detenido al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia que, aunque apenas duró unos quince minutos, dejó una definición trascendental para el futuro del proceso: el juez Alvin Hellerstein fijó fecha para el inicio del juicio.
Maduro compareció junto a su esposa, Cilia Flores, ambos acusados por delitos vinculados al narcotráfico, conspiración narcoterrorista, lavado de dinero y otros cargos federales que, de ser hallados culpables, podrían derivar en una o más condenas a prisión perpetua.
La audiencia se desarrolló sin sobresaltos y tuvo un carácter principalmente organizativo. A diferencia de las primeras comparecencias, en las que buena parte de la discusión giró en torno a la representación legal de los acusados y las dificultades derivadas de las sanciones económicas impuestas al chavismo, esta vez el eje estuvo puesto en el calendario procesal. Con la fecha del juicio ya definida, la causa comenzó su etapa decisiva.
Durante la audiencia, Hellerstein también estableció un cronograma para la presentación de pruebas, el intercambio de documentación entre las partes y la resolución de distintos planteos previos al debate oral. De esta manera, el expediente dejó atrás la etapa inicial para comenzar el camino que desembocará en uno de los procesos penales más relevantes contra un ex jefe del chavismo en la justicia estadounidense. La fecha dispuesta por el magistrado es el 1 de junio del año próximo.
Maduro y Flores permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, cuando fueron capturados durante el operativo militar estadounidense que puso fin a más de una década de liderazgo chavista. Desde entonces, ambos enfrentaron sucesivas audiencias preliminares mientras la fiscalía consolidaba la acusación y la defensa intentaba resolver distintos conflictos relacionados con su representación legal.
El proceso judicial avanza mientras continúan apareciendo nuevos elementos vinculados al caso. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump sostuvo públicamente que Maduro fue acusado "solo por una fracción" de los delitos que habría cometido y anticipó que podrían incorporarse nuevos cargos durante el desarrollo de la investigación.
Sin embargo, la principal novedad judicial del día no estuvo únicamente dentro de la sala de audiencias. En un expediente distinto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó reconocer la inmunidad de Delcy Rodríguez en una demanda civil presentada en tribunales estadounidenses, al sostener que la actual mandataria interina de Venezuela goza de inmunidad de jurisdicción por su condición de jefa de Estado.
El planteo no guarda relación con el proceso penal que enfrentan Maduro y Flores en Nueva York, pero introduce un dato político y jurídico de relevancia. Mientras la justicia federal estadounidense avanza hacia el juicio contra quienes encabezaron el chavismo durante años, el propio gobierno norteamericano sostiene en otro expediente que Delcy Rodríguez debe ser considerada la autoridad legítima del Estado venezolano reconocida por el estado estadounidense.
La coexistencia de ambos procesos refleja la complejidad del escenario venezolano tras la salida de Maduro del poder. Por un lado, la justicia penal estadounidense avanza sobre las responsabilidades individuales del ex mandatario y de su esposa. Por el otro, Washington procura reconocer a su, por el momento, aliada en el proceso de transición.
Con la fecha del juicio ya fijada, el proceso ingresó en una nueva etapa. Salvo modificaciones de último momento, el 1 de junio de 2027 comenzará el debate oral en el que la fiscalía buscará demostrar la responsabilidad penal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una causa que podría convertirse en uno de los juicios más trascendentes de los últimos años para la justicia federal de Estados Unidos.
Que el conocimiento no se extinga.