Liberación de presos políticos en Venezuela: una señal en medio del reordenamiento del poder

El Estado venezolano anunció la excarcelación de detenidos políticos y de tres argentinos, mientras la relación con Estados Unidos y el control de los recursos petroleros marcan la agenda.

El Gobierno de Venezuela anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos y detenidos extranjeros a partir del 8 de enero. La medida fue comunicada desde Caracas por el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y comenzó a aplicarse en distintos centros del país. Según fuentes oficiales, el objetivo es “consolidar la paz y la convivencia nacional” en un contexto de fuerte tensión en la política internacional.

Según el comunicado difundido por la Asamblea Nacional y ratificado por voceros del Ejecutivo, las excarcelaciones incluyen a ciudadanos venezolanos y extranjeros detenidos por causas vinculadas a la problemática política de los últimos años. El anuncio se produjo días después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y del establecimiento de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que asumió funciones sistemáticas tras la operación militar norteamericana.

Rodríguez evitó el número exacto de personas liberadas, pero confirmó que el proceso ya está en marcha y que se realizará de manera progresiva. Desde el oficialismo remarcaron que la decisión no forma parte de un acuerdo formal entre otros países, sino que responde a una determinación “soberana y unilateral” del Estado venezonalo.

Los Gobiernos extranjeros confirmaron la liberación de ciudadanos de sus países. España informó que entre los excarcelados se encuentra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien permanecía detenida desde 2024; mientras que la Cancillería argentina confirmó la liberación de tres ciudadanos argentinos: Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Yacoov Harari, arrestados en el marco de causas judiciales de carácter político.

Desde el Ejecutivo venezolano se insistió en que los detenidos no son considerados “presos políticos”, una categoría que el chavismo históricamente rechaza, y se los describió como personas involucradas en “procesos judiciales ordinarios” que fueron beneficiadas por medidas excepcionales.

La liberación se da en un escenario de máxima presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, que mantiene bajo custodia a Maduro en Nueva York y evalúa nuevas acciones diplomáticas y económicas sobre Venezuela. En ese contexto, el secretario estadounidense, Marco Rubio, junto con miembros de la Casa Blanca, señalaron que cualquier normalización del vínculo bilateral estará condicionada a avances verificables en materia de derechos humanos y libertades civiles.

En paralelo, el Senado de Estados Unidos inició debates para limitar futuras acciones militares sin autorización del Congreso, luego de la operación que derivó en la captura del exmandatario venezolano, lo que evidencia tensiones internas en Washington sobre el rumbo de la política exterior hacia Caracas.

Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, señalaron que si bien la liberación de detenidos constituye un gesto relevante, aún permanecen cientos de personas privadas de su libertad por motivos políticos, por lo que reclamaron un proceso más amplio, transparente y verificable. En ese sentido, advirtieron que el impacto real de la medida dependerá de su continuidad y de la posibilidad de que se garantice el cese de nuevas detenciones arbitrarias en un contexto de profunda reconfiguración del poder en Venezuela.

Que el conocimiento no se extinga.