Las mujeres migrantes en la frontera entre Perú y Chile

El endurecimiento de los controles fronterizos entre Chile y Perú dejó a cientos de personas atrapadas en el desierto de Atacama. Entre ellas, mujeres en situación de especial vulnerabilidad enfrentan serias dificultades para acceder a asistencia y atención básica.

Aunque la crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú ya existía, la llegada de José Antonio Kast al poder la convirtió en una emergencia sin precedentes. En el centro de esta situación hay un grupo que los decretos mencionan, pero que el desierto no da tregua: las mujeres. 

La situación se agudizó desde las elecciones presidenciales de diciembre de 2025. El entonces candidato Kast advirtió que los migrantes irregulares tenían 98 días para abandonar voluntariamente Chile antes de ser expulsados. El efecto fue inmediato. Decenas de mujeres con niños en brazos intentaron cruzar la frontera el 1 de diciembre, pidiendo asistencia a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), sin poder cruzar hacia territorio peruano. 

Kast asumió la presidencia el 11 de marzo de 2026. En abril ejecutó un vuelo de expulsiones masivas hacia Colombia y Ecuador, el primero de una serie de operativos periódicos, y frenó simultáneamente la regularización de más de 180.000 migrantes que habían ingresado de forma irregular al país.

Un punto crítico de este movimiento se concentra en la frontera norte de Chile con Perú, en el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo. Ante el anuncio de las expulsiones, Perú movilizó más de 100 agentes policiales a lo largo de la línea fronteriza, desde el hito 1 hasta el hito 81. El gobierno peruano formalizó esta respuesta mediante el Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM, que declara el estado de emergencia en Tacna y ordena la devolución inmediata de quienes intenten cruzar por lugares no autorizados o sin documentación. El control del orden quedó en manos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este hecho marca la continuidad de la securitización de la frontera: Perú adoptó un patrón enfocado en la seguridad y no en atender un fenómeno de carácter humanitario como es la migración. 

El resultado es un embudo humano. Quienes huyen de Chile no pueden quedarse, pero tampoco pueden entrar a Perú. Quedan varados en el desierto.

La situación afecta a hombres y mujeres, pero no de la misma manera. Un número significativo de las mujeres que transitan esta ruta lo hace embarazada, acompañada de hijos menores de edad o al cuidado de adultos mayores. Al quedar varadas, no pueden acceder a agua, baños, atención médica ni servicios obstétricos. El propio decreto peruano reconoce esta realidad; establece "criterios diferenciados para población vulnerable" con mención explícita a mujeres gestantes, menores y personas con discapacidad. Pero reconocer la vulnerabilidad en un decreto no equivale a resolverla en el desierto.

Los organismos internacionales llevan años documentando esa brecha. Según el monitoreo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) realizado en la frontera de Tacna entre noviembre y diciembre de 2024 (el más reciente disponible), el 75% de las mujeres gestantes varadas manifestó necesitar atención médica sin poder acceder a ella. Casi la mitad había dormido en la calle o en parques la noche anterior, y el 46% llevaba más de dos días sin comer.

Con las expulsiones masivas activas desde abril de 2026, todo indica que esa brecha se amplió. Sin embargo, aún no existen informes humanitarios que documenten sistemáticamente la situación bajo el nuevo gobierno chileno, un silencio que en sí mismo habla del acceso restringido a estas poblaciones.

Lo que sí se sabe es que el patrón no es nuevo. En abril de 2023, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya habían alertado sobre una "grave situación" en Tacna, donde personas migrantes se encontraban varadas sin alimentos, agua, alojamiento ni asistencia sanitaria, entre ellos niños no acompañados y enfermos crónicos. Tres años después, con un gobierno chileno que convirtió la expulsión en política de Estado, las condiciones estructurales que producen esa situación no cambiaron.

Que el conocimiento no se extinga.