La Organización Marítima Internacional aprueba nuevas directrices para el registro de buques

Ante el avance de cientos de petroleros no regulados que evaden sanciones y desactivan sus sistemas de geolocalización, la OMI impulsa nuevas directrices que ponen a prueba la validez de los artículos 91 y 94 de la CONVEMAR y la gobernanza de los océanos.

La estabilidad del comercio marítimo internacional y el régimen de gobernanza oceánica enfrentan uno de sus desafíos más complejos desde la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El crecimiento exponencial de la denominada “Flota Fantasma” (Shadow Fleet) —compuesta por más de 600 petroleros obsoletos que operan bajo registros fraudulentos, banderas de conveniencia opacas y sin coberturas de seguro reconocidas— dejó de ser un mero recurso de elusión de sanciones económicas para convertirse en una amenaza estructural contra la seguridad de la navegación y la preservación del medio marino.

En el corazón de este fenómeno subyace una crisis doctrinaria del Derecho Internacional Público: la erosión del principio del Estado de Pabellón. Los artículos 91 y 94 de la CONVEMAR establecen que debe existir una “relación auténtica” entre el buque y el Estado cuya bandera porta, imponiendo la obligación estricta de ejercer jurisdicción y control en los ámbitos administrativo, técnico y social. Sin embargo, la proliferación de registros navales de escasa fiscalización permitió que buques con deficiencias estructurales graves operen con absoluta impunidad, desdibujando la cadena de responsabilidad civil y penal.

A esta opacidad se le suman tácticas operativas asimétricas de alto riesgo, como la desactivación o manipulación del Sistema de Identificación Automática (AIS) —lo que genera vacíos de monitoreo en pasos estratégicos—, la falsificación de certificados por fuera de las entidades de la IACS (International Association of Classification Societies) y las operaciones de transferencia de hidrocarburos de buque a buque (STS) en alta mar sin medidas mínimas de contención ambiental.

El reciente diagnóstico del Comité Jurídico de la OMI puso en evidencia la magnitud del quiebre institucional: solo en 2025 se contabilizaron 529 buques navegando con pabellones falsos, afectando a casi 40 Estados miembros cuyos nombres y registros fueron utilizados por grupos delictivos sin su conocimiento ni consentimiento. Hasta la fecha, el sector carecía de un marco internacional vinculante que fijara estándares mínimos de homologación para la matriculación naval a nivel global.

Para colmar esta laguna normativa, las directrices aprobadas por la OMI estructuran un nuevo estándar internacional enfocado en cinco ejes estratégicos:

• Gobernanza y control: Marco legal sobre las entidades autorizadas para efectuar registros.

• Garantía de calidad: Auditoría interna de los procedimientos de matriculación.

• Debida diligencia: Verificación estricta de la propiedad real y la identidad del buque.

• Filtros de admisibilidad: Protocolos de autenticación previa antes de otorgar la bandera.

• Intercambio de datos: Redes de información en tiempo real entre Estados para detectar inconsistencias.

En paralelo, el marco reforzado faculta a las autoridades de Port State Control (Control por el Estado del Puerto) a intensificar las inspecciones rigurosas a buques sospechosos, exigiendo la verificación autenticada de los seguros de indemnización de daños por contaminación y la validez registral. Un derrame masivo provocado por un petrolero sin cobertura de P&I (Protection and Indemnity) ni armador identificable dejaría a los Estados afectados sin un sujeto solvente a quien exigir la aplicación del principio “el que contamina, paga”. En última instancia, la efectividad con la que la comunidad internacional fiscalice estas irregularidades determinará si la CONVEMAR sigue siendo el eje ordenador de los mares o si el derecho del mar cede terreno ante la fragmentación de la seguridad global.

Que el conocimiento no se extinga.