La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación una nueva declaración que respalda la posición de la República Argentina frente a la disputa de soberanía en el territorio insular austral. En la quincuagésima sexta sesión plenaria celebrada en la ciudad de Panamá, los representantes diplomáticos adoptaron un documento formal que insta a las autoridades europeas a retomar las instancias de negociación bilateral para alcanzar una solución pacífica al diferendo.
El documento consensuado por el organismo multilateral establece la imperiosa necesidad de que ambos gobiernos reanuden las conversaciones directas. El texto resolutivo expresa satisfacción por la voluntad demostrada por la administración argentina para explorar vías pacíficas y destaca su actitud constructiva hacia los habitantes del archipiélago. El secretario general del organismo, Albert Ramdin, subrayó que la situación constituye un proceso de descolonización pendiente en el continente y ratificó la entera disposición de la secretaría para acompañar la transición hacia un acuerdo definitivo.
El debate continental expuso diversas posturas sobre la aplicación de los principios del derecho internacional. Naciones como Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela manifestaron un apoyo explícito a la reivindicación territorial sudamericana y rechazaron toda actividad unilateral en la zona.
El representante de los Estados Unidos, Michael Kozak, reafirmó la estricta neutralidad de su gobierno frente al diferendo, aunque reconoció la administración de facto que ejerce la contraparte sobre las islas. En representación del Reino Unido, el delegado y Lord de Highbury Ray Collins defendió el derecho a la libre determinación de los isleños y fundamentó su posición en la consulta popular del año 2013, calificada de ilegal por la diplomacia rioplatense.
La controversia diplomática adquirió dimensiones económicas y estratégicas ante el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion. La iniciativa extractiva es impulsada por las corporaciones Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum a escasos kilómetros de la costa insular. El subsecretario de Política Exterior nacional, Juan Manuel Navarro, advirtió ante el pleno que la población del archipiélago fue implantada artificialmente y calificó de ilegítimas las licencias concedidas: “El país reafirma su compromiso con la solución pacífica de las controversias, con el multilateralismo eficaz y con un orden internacional basado en reglas”.
Las autoridades británicas justificaron el desarrollo petrolero como una decisión democrática de los habitantes locales para asegurar su propio crecimiento y autonomía económica.
El respaldo hemisférico antecede la presentación formal del país ante el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, agradeció el consenso histórico alcanzado por los Estados americanos. El funcionario definió este apoyo como un pilar fundamental para sostener una política de Estado irrenunciable consagrada en la Constitución Nacional. El canciller rechazó la aplicación de la libre determinación para este caso específico, al categorizarlo como una situación colonial particular que requiere la reanudación impostergable del diálogo bilateral.
El consorcio empresarial a cargo del bloque marítimo en disputa proyecta extraer miles de barriles diarios de crudo a partir del año 2028.
Que el conocimiento no se extinga.