El 6 de mayo se registraron los últimos ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar participante de la guerra civil en Sudán, a la ciudad de Puerto Sudán. Esta es la principal salida internacional del gobierno africano, que afronta una de las peores inestabilidades sociales y políticas del siglo XXI.
En particular, el ataque representa una escalada sin precedentes del actual conflicto militar interno que experimenta el país árabe, ya que en aquella ciudad se posiciona uno de los últimos reductos del gobierno oficial, encabezado por la junta militar transitoria que controla limitadas porciones del territorio nacional sudanés. Esta localización es la principal vía de salida marítima y aérea del país africano, donde se concentran los materiales de ayuda proporcionados por Naciones Unidas, junto con un gran contingente de refugiados del conflicto. Además, es donde reciben la carga comercial y envían al exterior: una de las fuentes de ingresos más importantes de este país.
Las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), el ejército del actual gobierno, ha respondido a estos ataques mediante ofensivas hacia las principales bases del RSF, ubicadas esencialmente en la región suroccidental, intentando obtener el control y legitimidad necesarios para la administración del convulso país árabe.
Soldados sudaneses de la unidad de las Fuerzas de Apoyo Rápido. - AP / Hussein Malla
Desde su independencia en 1956, Sudán se ha caracterizado por experimentar procesos autoritarios y de violencia interna que le han forjado una reputación internacional de “estado fallido”. Motivos étnicos, religiosos y políticos produjeron que, luego de una prolongada guerra civil de más de 20 años, Sudán se desmembre hacia otro estado: Sudán del Sur. A pesar de esto, que alteró significativamente su posesión territorial, siguió siendo el país más extenso de África hasta el 2011. Pero, continuó experimentando múltiples insurgencias de grupos armados localizados en el oeste y sur de su territorio que amenazaban constantemente su estabilidad gubernamental.
A partir de la caída de Omar al Bashir en 2019, quien gobernó el país durante 30 años, se realizaron múltiples golpes de estado entre facciones civiles y militares de diversos índoles e intereses políticos. Dentro de aquellas situaciones turbulentas, se estableció el Consejo de Transición cívico-militar, liderado por Abdelfatah al Burhan, que buscaba un viraje hacia un gobierno democrático a mediano plazo para instalar una estabilidad política y social, No obstante, este objetivo se pospuso indefinidamente por disputas con facciones del ejército participantes de golpes militares.
Entre ellas, se destaca la disputa con la facción castrense Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, considerado una de las personas más poderosas e influyentes de Sudán. Las diferencias políticas, en relación a la transición democrática e intereses de poder y control divergentes, condujeron a negociaciones fallidas con el gobierno de Al Burhan, gobernante de facto y líder de las Fuerzas Armadas de Sudán, que desencadenaron en el uso de la violencia contra instituciones gubernamentales por parte de esta facción militar el 15 de abril del 2023.
Desde aquella fecha, los enfrentamientos entre ambas facciones experimentaron una intensificación sostenida: control territorial, uso de financiación ilegal, ejecución de población civil o limpieza de etnias aliadas se han constituido como las prácticas que los bandos beligerantes utilizan en su objetivo de obtener el control político del país.
La influencia de actores externos también afectó la guerra civil sudanesa. Los Emiratos Árabes Unidos fueron acusados por el gobierno de factor sudanés (SAF) por proveer armamento a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RAF) en sus ataques hacia instituciones gubernamentales y población civil afín al gobierno de Al Burhan. Junto a ello, el mismo bando oficialista reportó la presencia de soldados del Grupo Wagner (grupo paramilitar con vínculos directos al gobierno de Putin) en apoyo al RAF, pese a las múltiples reuniones que sostuvieron los funcionarios del gobierno de facto de Sudán con representantes rusos. A su vez, estados influyentes como EE.UU o China evitaron involucrarse directamente con el conflicto mediante llamados constantes a la restauración de paz y diálogo entre las partes divergentes. En particular, el país asiático paralizó sus inversiones y actividad empresarial en el país africano hasta que las acciones violentas cesen de manera definitiva.
Familia sudanesa espera junto a la frontera de Chad. - REUTERS / Zohra Bensemra
La guerra civil sudanesa generó consecuencias devastadoras para la población local, lo que repercutió en diversas áreas de sus necesidades básicas como la alimentación, educación, trabajo y salud. En particular, la ONU destaca la recrudecida crisis alimentaria existente en Sudán que afectan a más de 18 millones de habitantes, lo que generó una masiva diáspora hacia países vecinos, como Egipto o Etiopía, o el continente Europeo, donde los inmigrantes ilegales sudaneses aumentan en números continuamente.
Los más afectados son sectores de la población conformados por mujeres, niños y ancianos. En ese sentido, múltiples organizaciones no gubernamentales junto con empresas filantrópicas y acciones de la ONU establecieron iniciativas de ayuda humanitaria para mitigar las consecuencias de este panorama violento. Mediante la implementación de refugios en zonas seguras o provisión de servicios de salud y nutrición, se busca satisfacer los principales requerimientos de las poblaciones vulnerables sudanesas y evitar maximizar la migración humana hacia otros estados, como Sudán del Sur o Etiopía que carecen de la infraestructura y presupuesto necesarios para atender sus necesidades.
Que el conocimiento no se extinga.