El pasado 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos (EE.UU). Desde el primer día en el cargo, el mandatario firmó una gran cantidad de órdenes ejecutivas basadas en sus prioridades políticas. Entre las más relevantes, se encuentra la designación a los carteles de la droga mexicanos y las organizaciones criminales transnacionales como “organizaciones terroristas extranjeras”. “México probablemente no lo quiera, pero tenemos que hacerlo” expresó Trump, basando su decisión en la demanda popular que existe hace años respecto a esta cuestión.
La orden ejecutiva explica que la seguridad de la sociedad estadounidense y el orden internacional occidental dependen del control de estas bandas del narcotráfico. Según las declaraciones de Thomas Homan (o el “zar de la frontera”), miembro de la primera administración Trump y tentativo de la segunda, más estadounidenses han sido asesinados por carteles que por terroristas. Por esta razón, Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas posibles para acabar con ellos.
Los carteles funcionan con una estructura similar, aunque diferente entre sí, a la de las organizaciones financieras, produciendo y comerciando sus propias drogas o ejerciendo el rol de intermediarios. En ocasiones, gran cantidad de bandas pequeñas se unen en un mismo grupo y operan como franquicias de una “marca registrada”; en otras, trabajan para diversos carteles. Es importante destacar que el financiamiento de estos grupos no proviene principalmente del narcotráfico.
La operabilidad de los carteles está constituida por tres áreas: La primera se encarga de compras, producción y almacenamiento de la droga. La segunda consiste en las relaciones jurídicas y políticas para la protección de los integrantes del grupo. Finalmente, la tercera es la financiera, la cual consiste en el pago a los aliados y en reinvertir y generar, de manera ilegal, más ganancia. No obstante, también se debe tener en cuenta la existencia de sicarios y guardaespaldas.
La inseguridad que genera la presencia de estas agrupaciones ilegales en la frontera determina la importancia de México para con Estados Unidos respecto a esta cuestión. Los carteles de México, además de obtener miles de millones de dólares del comercio narco, son los encargados principales de controlar el flujo de estupefacientes provenientes de otros Estados y el contrabando de personas hacia Estados Unidos.
Un documento presentado por el Congreso de Estados Unidos titulado “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations” (2022) muestra cómo las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) mexicanas contribuyen a la violencia y la permanencia de la crisis en EE.UU. Hasta el 2006, las TCO registradas como las más dominantes del territorio eran cuatro: la Organización Tijuana, el Cártel de Sinaloa, el Juárez/Vicente Carillo Fuentes (CFO), y el Cartel del Golfo. Luego, con el tiempo, se fragmentaron en siete y, más tarde, en nueve agrupaciones.
El Cartel de Sinaloa es el grupo narcotraficante mexicano más antiguo. Está ubicado en una de las regiones de mayor producción de amapola y marihuana. Como característica especial de esta organización, sus miembros son familiares y conocidos del lugar, por lo que existe gran cohesión entre sí. Las drogas que producen y exportan a gran escala son marihuana, heroína y anfetaminas, aunque también importan, principalmente para el mercado estadounidense, cocaína y drogas sintéticas. Según la Administración del Control de Drogas (DEA) estadounidense, es la TCO más fuerte que existe en el mundo debido a que opera en seis de los siete continentes.
En cuanto al interior del Estado mexicano, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la TCO con mayor presencia en México, debido a que domina diecisiete estados de los treinta y uno mexicanos. No obstante, en algunos territorios tiene disputas con otros carteles o bandas locales como Los Chapitos y Los Zetas. El Cartel del Golfo, por su parte, actualmente, se encuentra fragmentado en facciones como Los Escorpiones, Los Ciclones, Las Panteras y los Metros.
A su vez, el documento también menciona las acciones llevadas a cabo por estas agrupaciones en México. Según el reporte sobre derechos humanos del año 2021 realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, las TCO estuvieron involucradas en gran cantidad de asesinatos, actos violentos y en casos de corrupción con organismos públicos tanto federales como locales. Sin embargo, también se detalla que en México, a diferencia de en Estados Unidos, dichos actos están dirigidos a funcionarios, candidatos políticos, y la prensa. Debido a que se calcula que entre el 40% y 65% de los homicidios, desde el 2018, fueron cometidos por estas bandas, se estima que la presidencia de Manuel Lopez Obrador (2018 - 2024) fue la más violenta en la historia reciente de México.
Por su parte, en Estados Unidos el delito de los carteles mexicanos con más impacto es la crisis de drogas. Según el último informe “Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas” de la DEA (2024), el Cartel de Sinaloa y CJNG son el corazón de esta crisis. La metanfetamina y el fentanilo consumido en Estados Unidos se originan de México, al igual que el 97% de la heroína incautada. A su vez, el país mexicano también funciona como ruta principal para la cocaína que proviene de Colombia. En 2022, 107.941 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida a causa de la droga. El fentanilo es el estupefaciente que cobra más vidas, siendo el causante del 70% de los fallecimientos, seguido por la metanfetamina que generó el otro 30% de las muertes.
Es importante remarcar que el comercio ilegal no se centra solo en el narcotráfico sino que las TCO diversifican su accionar delictivo, aprovechando el lado “oscuro” de la web y la virtualidad. De esta manera, los ingresos ilícitos obtenidos son más difusos, dificultando el desmantelamiento de la red por parte de las fuerzas de seguridad.
Desde 1996, gracias a una ley creada por Clinton, existe una lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, ante las cuales Estados Unidos puede crear protocolos y mecanismos de persecución y penalización. Para ser incluidas, las agrupaciones deben ser extranjeras; haber sido parte de actos de terrorismo o haber tenido la intencion de participar en uno; y ser consideradas una amenaza para la seguridad de la poblacion de Estados Unidos y para el Estado en concreto en terminos defensivos, economicos y de relaciones exteriores.
El Congreso de Estados Unidos ha pretendido, desde hace años, la designación de estas bandas como tales. También fue propuesto por Barack Obama y por Trump en su primera presidencia. Sin embargo, la misma no lograba alcanzar el apoyo suficiente. Actualmente, las muertes provocadas por las drogas sintéticas oriundas de la frontera con México colocaron nuevamente esta cuestión sobre la mesa.
Es importante remarcar que, aunque haya sido Trump quien firmó la orden ejecutiva, es tarea del Departamento de Estado iniciar el proceso para designar a las mismas como terroristas a nivel global. Debe corroborar que el objetivo de la solicitud se ajuste al marco legal estadounidense. Además, también debe determinar cuáles serán las organizaciones consideradas como “terroristas”. A pesar de que el proceso puede durar meses enteros, el presidente norteamericano brindó solo 14 días como plazo para la emisión de una recomendación. La realidad es que el Departamento le coloca a las organizaciones la etiqueta de “terrorista” por cuestiones ideológicas, y no de narcotráfico y económicas, como sería el caso de los carteles mexicanos, lo cual permite dudar que responda afirmativamente a la orden presidencial.
El cumplimiento de esta directiva permitiría a Estados Unidos acceder a la capacidad de imponer sanciones económicas, limitar la salida del país y llevar a cabo acciones militares en el exterior. A su vez, adiciona al gobierno la capacidad de investigar y perseguir a actores vinculados que sean sospechosos de brindar “apoyo material” al cartel. A su vez, los migrantes también podrían verse perjudicados debido a que la orden menciona que todo extranjero que pueda ser vinculado a esta banda será expulsado del país, al igual que su familia.
No obstante, se puede deducir que la intención real de Trump consiste en ejercer presión a México para que el propio Estado lleve a cabo acciones concretas y eficientes que realmente pongan fin al narcotráfico. El dirigente afirma que el gobierno mexicano no posee la habilidad de responder ante esta situación, permitiéndole a estas agrupaciones ejercer el control del territorio mexicano. Estados Unidos actualmente ya posee un gran arsenal de herramientas para combatirlos. La Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros, del año 1999, es un ejemplo de ello. La misma consiste en prohibir a los líderes de estas bandas ilegales el acceso al sistema financiero estadounidense, y negarles la posibilidad de establecer negociaciones con empresas y ciudadanos norteamericanos.
El 21 de enero, después de la asunción de Trump, la presidenta de la Republica de Mexico, Claudia Sheinbaum, declaró en conferencia de prensa matutina que la orden ejecutiva del presidente fue una decisión unilateral y agregó que México es un país libre y soberano. Para combatir a estos grupos criminales, en palabras de Sheinbaum, es necesaria la colaboración y coordinación con Estados Unidos, por lo que la decisión ejecutiva de Trump no contribuye en realidad al país mexicano. Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de una invasión militar estadounidense a México para combatir a los carteles.
Anteriormente, México llevó a cabo gran cantidad de iniciativas para combatir a los carteles, junto a la colaboración de Estados Unidos. El documento “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations” (2022) detalla que las colaboraciones entre ambos Estados para enfrentar este tópico crecieron luego del ataque al personal diplomático estadounidense por parte de estas bandas ilegales en el año 2012. La masacre del año 2015 a ciudadanos estadounidenses y mexicanos en la frontera de ambos Estados también generó la necesidad de incrementar las acciones colaborativas. La Iniciativa Mérida fue fruto de este trabajo ya que consiste en un programa de cooperación de seguridad para la lucha contra el narcotráfico y respeto del Estado de Derecho.
Sin embargo, la presencia de los carteles en México está lejos de descender. Tras múltiples contribuciones estadounidenses al gobierno mexicano para solventar esta cuestión, no ha encontrado su final. A pesar de que, al momento de firmar, Trump era consciente de que México no iba a estar a gusto con esa decisión, consideró que quizá sea la única manera de que la República pueda tomar verdaderas cartas en el asunto. Estados Unidos, por su parte, no se queda atrás respecto a detener la “crisis de fentanilo” en su territorio. Es importante que se generen políticas públicas que otorguen dignidad y salud a las víctimas de sobredosis de este y todos los narcóticos presentes en el país.
Que el conocimiento no se extinga.