El movimiento Hamás anunció el fin del organismo que gobierna en la Franja de Gaza desde el año 2007 luego del enfrentamiento con Fatah y la formación del presidente de la autoridad palestina Mahmud Abás con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada. Este hecho significó la apertura del camino para que un comité tecnocrático conformado por palestinos pueda administrar el enclave, tal como se acordó en el “Alto el fuego” del 10 de octubre de 2025 con Israel, gracias a la mediación de la junta de paz respaldado por Estados Unidos.
Esta medida busca demostrar a los mediadores de paz la disposición de la milicia islámica de abandonar la administración del enclave y dar lugar a la administración tecnócrata, que solo contará con personal técnico y profesional. Esta tendrá como objetivo garantizar la continuidad de la gestión de servicios a la comunidad palestina y evitar un vacío técnico y administrativo que sea perjudicial para el pueblo palestino. Esto es posible gracias a lo que había impulsado Donald Trump en el pasado mes de octubre, pero que no pudo realizarse por la falta de consenso entre Israel y los impulsores del acuerdo.
El grupo tecnócrata estará respaldado por el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), organismo que tiene su sede en El Cairo (Egipto) y que fue creado en octubre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump durante las negociaciones que concluyeron un alto el fuego por parte de Hamás —considerado grupo terrorista por Israel y la Unión Europea—. Por ello, el gobierno de Gaza expresó su “plena disposición” de entregar el poder al comité con el fin de facilitar el trabajo del comité administrativo gazatí y evitar cualquier tipo de interrupción de los servicios públicos en Gaza. Todo esto siguiendo lo que fue esa segunda fase, la cual establecía no sólo el desarme de Hamás, sino también la retirada progresiva de las fuerzas militares israelíes de Gaza; sin embargo, estas multiplicaron su presencia en los últimos meses.
Israel calificó esta medida como un “truco” de Hamás y volvió a exigir el desarme de los insurrectos, tal como lo había planteado en los acuerdos de paz llevados a cabo por Trump. Lo que Israel manifiesta es su falta de fe en la legitimidad del poder por parte de los tecnócratas respaldados por el NCAG. De igual manera, este hecho es un paso formal pero que deja muchas dudas por la cantidad de temas sin resolver, como el caso del desarme del grupo Hamás; aun así, otro capítulo puede comenzar para los palestinos que se sitúan en la Franja de Gaza.
Luego de este hecho, habrá una nueva ronda de negociaciones en Egipto entre Hamás, otras facciones palestinas y mediadores egipcios con el objetivo de cerrar brechas sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo, así como lo que logren resolver con el arsenal de Hamás, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la entrada efectiva del comité tecnócrata de Gaza. Uno de los avances de la discusión afecta al lenguaje sobre el desarme del movimiento islámico, ya que los últimos borradores reemplazan la expresión “entregar las armas” por “deponer las armas”, una fórmula que permitiría a Hamás entregar su arsenal a una autoridad palestina consensuada en lugar de hacerlo a Israel, evitando una imagen directa de rendición.
Sin embargo, el anuncio reciente de Hamás es el primer compromiso formal de abandonar la gestión directa de la administración civil en Gaza desde que tomó el control en 2007. Aunque la milicia queda como actor central en las negociaciones sobre el futuro político y de seguridad del territorio y, una vez realizada su retirada, mantiene intactas sus estructuras militares y políticas, esto no implica el desmantelamiento de Hamás como actor político o militar.
La disolución del gobierno civil de Hamás en la Franja de Gaza no debe interpretarse como una capitulación, sino como un movimiento de repliegue estratégico altamente calculado. Al traspasar la carga administrativa y de gestión pública a un comité tecnocrático, lo único que buscaba Hamás era aliviar la asfixia internacional y desvincularse del colapso institucional y humanitario del territorio, transfiriendo esa enorme responsabilidad política a un tercero.
Este giro introduce un escenario de gobernanza híbrida que despierta más interrogantes que certezas. La viabilidad del NCAG dependerá crónicamente de un factor que permanece inalterado: el poder de veto militar. Al retener el control de sus brigadas armadas y no contemplar el desarme, Hamás emula un modelo de control indirecto con fuertes reminiscencias a la dinámica de Hizbulá en el Líbano, donde la autoridad formal administra la crisis mientras el poder real retiene la capacidad de fuego.
En última instancia, el éxito de esta transición y su impacto real en los planes de la posguerra y la estabilidad regional no se medirán por la firma de decretos administrativos, sino por la disposición de los actores internacionales y de Israel a convalidar este nuevo esquema. Mientras el desarme siga fuera de la mesa de negociación, la disolución del gobierno civil corre el riesgo de ser solo un cambio de fachada, un paso pragmático para la supervivencia política de la organización que deja el futuro de la Franja de Gaza suspendido entre la frágil burocracia tecnocrática y la latente promesa de las armas.
Que el conocimiento no se extinga.