Frontera en tensión: Ecuador y Colombia ante un nuevo conflicto latente 

La zona limítrofe entre Ecuador y Colombia es un punto de convergencia entre narcotráfico, violencia armada y debilidades institucionales que configuran un escenario persistente de inestabilidad. 

Las fuerzas armadas de Ecuador,  respaldadas por el ejército de los Estados Unidos, bombardearon campamentos “narcoterroristas” en la frontera norte de Ecuador y Colombia el pasado 6 de marzo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que el objetivo de los bombardeos eran los Comandos de la frontera, una organización narcotraficante colombiana que tiene una fuerte presencia en ambos lados de la frontera. El ataque intensificó las tensiones en las relaciones bilaterales cuando agricultores encontraron una bomba sin explotar a metros de la frontera. Gustavo Petro, el presidente colombiano, acusó a Daniel Noboa de haber realizado ataques en territorio colombiano.

Las tensiones en las relaciones entre Colombia y Ecuador tienen sus raíces desde 2008, cuando los presidentes Álvaro Uribe (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador) se enfrentaron tras un ataque del ejército colombiano en suelo ecuatoriano contra Raúl Reyes, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Sin embargo, ya en 2005, las FARC atacaron una base militar en Teteyé, Colombia y las autoridades colombianas argumentaron que las fuerzas armadas revolucionarias ocuparon territorios ecuatorianos para llevar a cabo el ataque. 

Existe una larga historia de “traspasos involuntarios” de la frontera por parte de los revolucionarios colombianos, que perseguían integrantes de la guerrilla y trataban de desarticular sus bases económicas y logísticas más allá de sus fronteras nacionales. Recién en 2012 los ex presidentes Rafael Correa y Juan Manuel Santos intentaron mejorar las relaciones bilaterales en una reunión anual de gabinetes, logrando una confianza entre ambas naciones que duró hasta 2023 cuando esa confianza fracasó.

El conflicto también se traslada al ámbito arancelario, donde Ecuador impuso un 30% a los productos colombianos y desde el 1 de marzo aumentó esta cifra a un 50%. Daniel Noboa lo considera una “tarifa de seguridad”; mientras que Colombia, siguiendo el principio de reciprocidad, decretó un arancel de un 30% a productos provenientes de Ecuador como frijoles, plátanos y cacao en polvo y posteriormente aumentó la tasa arancelaria al 50% a 185 productos ecuatorianos. 

La frontera se convirtió en una zona de dinámicas criminales: es uno de los corredores de tráfico de cocaína más importantes del mundo. Los traficantes trasladan cocaína desde los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, donde se concentra la producción más grande de coca, hacia las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Desde esa zona, los traficantes exportan droga en lanchas, barcos pesqueros y buques hacia América del Norte, Europa y otros lugares del mundo.

Por su lado, Estados Unidos tuvo una base militar en Manta, Ecuador desde 1999, en plena implementación del Plan Colombia, hasta 2009 cuando Rafael Correa ordenó su cierre. El objetivo de la base fue realizar operaciones antidroga regionales en el pacífico.  Daniel Noboa permitió nuevamente la instalación de tropas estadounidenses mediante un referéndum, pero la iniciativa fracasó en las votaciones dentro del congreso nacional. La influencia de Estados Unidos afecta la relación bilateral entre Colombia y Ecuador, dada la alineación de Noboa con la administración Trump, por la activa participación en el foro “Alianza de las Américas” con el objetivo de impulsar la acción conjunta en la región en la lucha contra el crimen organizado. Además, el acercamiento del mandatario ecuatoriano con Trump tiene como objetivo asegurar el apoyo técnico y financiero para Ecuador en materia de seguridad. 

La situación en la frontera entre Ecuador y Colombia refleja, en última instancia, los límites de las fronteras exclusivamente nacionales frente a las problemáticas transnacionales. La persistencia del narcotráfico, la mutación de actores armados y la vulnerabilidad de las comunidades locales evidencian que la seguridad no puede abordarse de manera aislada ni reactiva. En este escenario, fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral, consolidar la presencia estatal y avanzar en estrategias integrales que combinen seguridad, desarrollo y gobernanza se vuelve indispensable. De lo contrario, la frontera continuará siendo un espacio donde se profundizan las fragilidades de ambos países.

Que el conocimiento no se extinga.