Franja de Gaza: ¿alguien quiere pensar en los niños?

Nacer en una zona de conflicto puede significar no existir: en la Franja de Gaza, más de 10.000 recién nacidos no tienen nacionalidad ni acceso a derechos básicos.

A partir del conflicto que se desarrolla en la Franja de Gaza, se desprenden problemáticas relacionadas a los derechos humanos, marcos jurídicos, la salud y nacionalidades, entre otros. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), manifestó su preocupación respecto a las inscripciones en el registro civil de la Franja de Gaza, aproximadamente 10.000 recién nacidos no fueron inscriptos legalmente desde el año 2023 hasta la fecha.

El artículo 7 de la Convención sobre los derechos del niño plantea que los recién nacidos deberán ser inscriptos con inmediatez, con pleno derecho a un nombre y a una nacionalidad. Además, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la aplicación de estos derechos conforme a su legislación nacional y a los compromisos internacionales, especialmente cuando un niño corre el riesgo de quedar apátrida, es decir no pertenecer a ninguna nacionalidad.

La existencia legal no subyace en el control gubernamental, sino que impacta en el día a día de las personas. Esta preocupación es tanto presente como futura, ya que la falta de registro dificultará el acceso a servicios básicos. En una zona de conflicto como Gaza, la educación, la atención sanitaria y la ayuda humanitaria son claves.

Además, la marginalización de los individuos en el sistema también es preocupante, a pesar de que la tasa de inscripción de nacimientos aumenta en el mundo, millones de niños siguen en el olvido.

Los líderes: ¿realmente se preocupan por la población?

Si un ser humano no está registrado, no existe oficialmente para el Estado. Esto significa que no tiene un nombre legal ni nacionalidad reconocida, de esta manera son invisibilizados y vulnerabilizados. El peligro no solo radica en el desarrollo de una posible condición de apatridia, sino que se vuelve peligrosa la exposición a situaciones de explotación y trata, ya que los individuos no quedan bajo un marco jurídico.

Más allá de quién ejerza el control político o militar sobre un territorio como la Franja de Gaza, el enfoque está en el impacto a la población civil. En este caso, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), una organización político-militar, ejerce control sobre Gaza. 

Desde 2007, Israel, con apoyo de Egipto, impone un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo sobre Gaza con el objetivo de contener a grupos armados como Hamás. Ese bloqueo no afecta solo a la organización gobernante, sino que afecta a más de dos millones de personas que viven en condiciones trágicas.

El conflicto geopolítico se vuelve cotidiano para quienes no son cómplices, sino víctimas, niñas y niños que no tienen acceso a agua potable, familias completas que dependen de ayuda humanitaria, hospitales desplazados de las cadenas de suministros, personas que no pueden salir ni entrar del territorio. En medio de la situación actual, la población civil queda atrapada entre decisiones militares, políticas y diplomáticas que se olvidan de sus derechos.

La realidad tiene dos caras, aunque la comunidad internacional insiste en que los conflictos deben resolverse por la vía diplomática, la cotidianidad en Gaza muestra otra cosa. La ayuda humanitaria no logra ingresar con regularidad, las condiciones de vida se deterioran exponencialmente y las estrategias militares continúan afectando a la población civil. Cada día, personas inocentes pierden la vida, mientras quienes tienen mayor responsabilidad en el conflicto permanecen al margen de las consecuencias.

La seguridad física también está en juego

Durante los últimos días, 1026 personas fallecieron mientras intentaban alimentarse. “Si no están hambrientos, imaginen para qué arriesgan sus vidas. No sé por qué estamos siquiera debatiendo esto”, subrayó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La hambruna en la Franja de Gaza repercute en la población, sin discriminar en edad o género, desde recién nacidos hasta ancianos. Combatir el terrorismo no debería implicar abandonar los principios que definen la legalidad internacional. Los derechos de una población no deberían quedar suspendidos por la existencia de un grupo armado en su territorio.

  El panorama actual demuestra que los bombardeos alcanzan zonas habitadas, los hospitales están colapsados o directamente destruidos, y que muchas familias viven sin refugio seguro. La falta de recursos no sólo pone en riesgo la salud, sino la vida. Las infancias poco a poco son silenciadas y generaciones completas están siendo arrasadas por descuidos, bloqueos y consecuencias, como la falta de seguridad alimentaria. 

El Derecho Internacional Humanitario exige la protección de civiles en conflicto, pero últimamente en el sistema internacional, las leyes se cumplen sólo cuando conviene. 

Que el conocimiento no se extinga.