El Tribunal Superior de Reino Unido decidió levantar la orden de silencio que encubría una red de reasentamiento de refugiados afganos en el territorio británico, tras la llegada de los talibanes al poder en 2021.
El hecho comenzó a desarrollarse en 2022, luego que se filtraran por error los datos de aproximadamente 20.000 ciudadanos de Afganistán solicitando asilo en la isla británica, mediante un programa de reubicación. Esta fuga de información ocurrió porque un empleado de las Fuerzas Especiales del Reino Unido envió por error estas solicitudes a una persona fuera del gobierno. Un año después, la justicia dió con el hecho tras encontrar el material filtrado en Facebook, perpetrado por una persona que residía en Afganistán. A pesar que el hecho ocurrió durante 2022 y 2023, fue recién el 15 de julio de este año que se le ordenó al gobierno dar explicaciones y esclarecer lo sucedido.
A raíz del hallazgo, el gobierno británico puso en marcha la “Ruta de Respuesta de Afganistán” (ARR), un plan de reasentamiento para los solicitantes de asilo que se llevó a cabo de manera secreta. Este plan permitió que aproximadamente 4500 refugiados afganos emigraran a Reino Unido y se espera que más ciudadanos hagan lo mismo. A su vez, el ARR tendría en total un costo estimado de 850 millones de libras. Aun así, a los refugiados nunca se les informó sobre la filtración de información, pese al riesgo que representaba para su integridad.
A causa de que la filtración inicial fue realizada por un empleado de las Fuerzas Especiales, representantes del Ministerio de Defensa salieron a dar declaraciones hacia los medios de comunicación y diferentes órganos del gobierno, lamentándose por los hechos y pidiendo disculpas en nombre del anterior gobierno conservador. El secretario de Defensa, John Healey, se pronunció ante el Parlamento, justificando que la brecha de seguridad fue un “grave error departamental”. Sin embargo, el Ministerio rechazó proporcionar información sobre la cantidad de personas que podrían haberse visto afectadas por la fuga de datos.
Sir Keir Starmer, primer ministro británico, criticó duramente la administración conservadora de Rishi Sunak por el secretismo en torno al caso y el costo económico del plan de reasentamiento. Además, instó a que los representantes conservadores se pronunciaran al respecto, sosteniendo: "Los ministros que formaron parte del gobierno anterior tienen serias preguntas que responder sobre cómo se permitió que esto sucediera".
Por su parte, el gobierno talibán afirmó que no había llevado a cabo represalias hacia los afganos involucrados porque tenían amnistía. El viceportavoz del Ejército, Hamdulá Fitrat, expresó: “Nadie ha sido arrestado o asesinado por sus acciones pasadas y nadie está siendo vigilado por este motivo". También, alegó que la información proporcionada por el gobierno británico carecía de secreto para ellos, ya que todos esos documentos estaban disponibles para el gobierno afgano.
Que el conocimiento no se extinga.