Estados Unidos impone sanciones a Petro y su círculo cercano

Washington responsabiliza al presidente colombiano y a su familia por la presunta expansión de la cocaína y refuerza medidas contra su gobierno.

Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente colombiano Gustavo Petro el pasado viernes 24 de octubre, acusándolo de no combatir eficazmente el narcotráfico en el país. Las medidas también afectan a Verónica Alcocer, su esposa; a Nicolás Petro, su hijo mayor  y a Armando Benedetti, ministro del Interior y uno de sus principales aliados durante la campaña presidencial.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que “desde que Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord, inundando Estados Unidos y afectando gravemente a sus ciudadanos”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó al presidente colombiano en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), amparándose en la Orden Ejecutiva 14059, que apunta a personas extranjeras vinculadas a la propagación internacional de drogas ilícitas.

Petro respondió en la red social X, negando las acusaciones: “Durante mi gobierno no ha aumentado la producción de cocaína; al contrario, hemos incautado más droga que nunca en la historia”. Benedetti también se pronunció, defendiendo su gestión y criticando la medida: “Nunca he entrado a la casa de ningún narcotraficante. Para Estados Unidos, una declaración pacífica se equipara a ser narcotraficante. Gringos, váyanse a casa”.

Además, Estados Unidos revocó la visa de Petro, lo que le impide ingresar legalmente al país con la autorización que tenía antes. Esta medida refleja el descontento del gobierno estadounidense, pero no implica arresto ni acciones directas afines; solo restringe temporalmente su entrada.

Las sanciones bloquean todos los bienes y activos de las personas afectadas que estén en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. También quedaron bloqueadas las entidades de las que una persona sancionada sea propietaria, directamente o a través de otras empresas que controle. El Departamento del Tesoro advirtió que incumplir estas medidas podría derivar en acciones civiles o penales.

El anuncio llega en un contexto de mayor presión internacional. Estados Unidos intensificó su campaña militar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Envió un portaaviones y fuerzas navales para interceptar embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales para transportar cocaína. Además, se sumó a decisiones recientes como la suspensión de “todos los pagos y subsidios” a Colombia, según anunció el presidente Donald Trump.

Estas sanciones reflejan la creciente tensión entre ambos gobiernos y marcan un punto crítico en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Que el conocimiento no se extinga.