A pocos días de la propuesta de Giorgia Meloni de crear Centros de Deportación en Albania, las reacciones de los distintos países de la Unión Europea (UE) se hicieron escuchar. La voz del mandatario español fue la que más eco generó.
Giorgia Meloni propuso la creación de Centros de Deportación fuera de las fronteras de la UE para poder lidiar con las olas de migrantes que llegan día a día desde el Mar Mediterráneo. La propuesta se centra en la creación de centros fuera de la UE para reducir la presión sobre los países de la unión, mientras se gestionan los pedidos de asilo. Asimismo, permitiría identificar migrantes que puedan representar algún tipo de amenaza y deportarlos. Esta iniciativa fue presentada formalmente por Ursula von der Leyen, quien la comunicó al resto de los miembros de la UE.
La idea polarizó a los países miembros de la UE entre los que quiere aplicarla, y quienes la ven como una violación de los derechos humanos y del derecho internacional público. Esta última postura tiene varios argumentos sólidos. Hay varios tratados y cuerpos normativos internacionales que se verían afectados por la existencia de los Centros de Deportación. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) o la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea hacen referencia a la protección de la dignidad humana incluyendo la de los refugiados y los migrantes.
Los organismos internacionales especializados en el área, como la Organización Internacional para las Migraciones, advirtieron que las deportaciones deben ser vistas como un último recurso, dado que los motivos de la migración en sí incluyen: huir de una opresión política, una crisis ambiental, una crisis social masiva, la guerra o la persecución política o étnica. Estos cambios en la política migratoria pueden ser un gran problema en los foros internacionales que esperan un respeto de los acuerdos internacionales, pero no tienen forma de condenar efectivamente el comportamiento de los Estados que deseen aplicar los Centros de Deportación.
Es en este contexto que el mandatario español, Pedro Sánchez, fue al choque con la primera ministra italiana. El español alegó que la propuesta no resolvería los problemas de la migración, sino que simplemente crearía nuevos desafíos. Agregó, además, que la propuesta en sí misma haría a la UE incurrir en una serie de violaciones de los derechos humanos.
En respuesta a Sánchez, el ministro del interior italiano, Matteo Piantedosi, acusó al gobierno español de abrir fuego contra los migrantes que tratan de cruzar desde Marruecos, buscando exponer un “doble estándar” del presidente español. Sin embargo, estas acusaciones pueden verse como una forma de obstaculizar un proyecto sumamente ambicioso de conectar el Reino de España con el Reino de Marruecos con un túnel que conecte ambos continentes.
Este proyecto de ingeniería no es nuevo. Inició como la idea de construir un puente que cruce el Mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, dado que la zona es poco favorable para la construcción del puente, surgió la idea de la construcción de un túnel. Este último encontró un desafío al no ser posible ventilar las emisiones de los vehículos, por lo que se concluyó en que la conexión debe ser ferroviaria. El proyecto es una misión asumida por ambos gobiernos y su desarrollo se encuentra financiado por ambas partes.
No obstante, este proyecto puede ser un problema para las políticas migratorias europeas, que se verían frente a un posible nuevo medio de desplazamiento de personas. Además, puede ser un desafío logístico si el túnel compromete el calado del Estrecho, ya que es un punto sumamente estratégico para el comercio internacional.
Ante este escenario, cabe concluir que la crisis migratoria europea es un desafío ya consolidado. Carece de una solución tangible en el futuro inmediato, pero no es un problema que haya surgido en los últimos meses. Las crisis masivas en el Sahel y en el Medio Oriente presionan a los gobiernos europeos al no poder financiar la asistencia social suficiente, no poder paliar la sobrecarga de los servicios públicos, ni poder asumir el riesgo de alojar potenciales terroristas. Es improbable que una medida como la propuesta por el gobierno italiano sea suficiente para contener las olas de migrantes.
Que el conocimiento no se extinga.