El retorno se da a raíz de la caída del presidente Maduro, quien en estos momentos se encuentra en Estados Unidos en una prisión federal mientras sortea los vaivenes de su situación judicial. Mientras tanto, la presidenta en funciones de Venezuela Delcy Rodriguez decidió mantener una relación más fluida con los Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Desde enero y hasta la fecha se liberaron entre 100 y 300 presos políticos que habían sido detenidos en los pasados años como muestra de apertura del régimen y de “buena voluntad” para con los Estados Unidos.
A su vez, se da un cambio en la presidencia del Banco Central Venezolano con la designación de Luis Alberto Perez González, quien asume en reemplazo de Laura Guerra Ángulo. El objetivo es generar mayor confianza en la economía venezolana y darle un perfil más técnico a la política económica, elemento de mayor agrado para el comité decisor del FMI.
En 2019, el FMI se retiró y detuvo diálogos con Venezuela a partir de un desconocimiento de las elecciones que llevaron a Nicolas Maduro a su segundo mandato presidencial (2019-2025). Esta medida acarreó el congelamiento de aproximadamente 400 millones de dólares estadounidenses por derechos de giro, sumados a otros 5 mil millones de dólares estadounidenses brindados por el FMI a países de renta baja para ayudar a mitigar los daños provocados por la pandemia de COVID-19.
El retorno del FMI fue adoptado de forma complementaría por el Banco Mundial, por lo cual el principal interrogante es si el país bolivariano podrá solicitar acceso a nuevos préstamos para poder contener su crisis hiperinflacionaria, así como reestructurar y refinanciar su deuda pública.
Por otro lado, hay una apertura de la nueva gestión de Rodriguez en materia petrolífera: las primeras propuestas llevadas desde Estados Unidos hacía Venezuela para atraer inversores fueron aceptadas. A fines de enero se aprobó en el congreso venezolano una reforma a la Ley de hidrocarburos que permite el ingreso de capitales privados extranjeros; la venta, privatización y extranjerización de pozos de petróleo y el ingreso de capitales privados a las empresas estatales, convirtiéndolas en empresas mixtas.
Ante el quiebre de la línea chavista tradicional, el gran desafío del gobierno será equilibrar las reformas económicas internas y la nueva política petrolera con las exigencias de los organismos internacionales como el FMI.
Que el conocimiento no se extinga.