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La destitución del mandatario interino por irregularidades vinculadas a reuniones no declaradas y presuntas conductas indebidas intensifica la inestabilidad política a pocas semanas de las elecciones.
15 de marzo de 2026por Lucas InsaurraldeLa destitución del mandatario interino por irregularidades vinculadas a reuniones no declaradas y presuntas conductas indebidas intensifica la inestabilidad política a pocas semanas de las elecciones.
El Congreso de Perú destituyó a José Jerí en una votación que cerró la breve presidencia interina marcada por denuncias periodísticas, investigaciones preliminares y presiones políticas. La salida se produce en pleno calendario electoral y obliga al Congreso a elegir de inmediato a un nuevo presidente de la Mesa Directiva, quien asumirá la Presidencia de la República hasta la transferencia de mando tras los comicios.
Jerí había asumido la Presidencia por sucesión el 10 de octubre de 2025, después de que el Congreso aprobara la vacancia de Dina Boluarte, y su gestión fue pensada como un gobierno de transición hasta las elecciones de abril de 2026. La combinación de promesas de orden público y una serie de controversias redujo su margen político rápidamente. La destitución se suma a una tendencia de alta rotación en la jefatura del Estado en la última década.
El detonante más visible fue el caso denominado “Chifagate”. Reportes periodísticos señalaron reuniones no registradas entre Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, junto con otros encuentros extraoficiales que generaron sospechas sobre conflictos de interés y posible tráfico de influencias. La Comisión de Fiscalización pidió explicaciones y la Fiscalía abrió diligencias preliminares. Estas investigaciones erosionaron apoyos clave en el Congreso y facilitaron la aprobación de la moción para remover al presidente.
José Jerí en su asunción como presidente interino, luego de ser designado en el Congreso de Perú. - AP / John Reyes
El pleno votó la moción de censura, donde se superó la simple mayoría requerida para destituir al titular de la Mesa Directiva y, por ende, al jefe del Estado. Tras la aprobación, el Congreso debe elegir un nuevo presidente del Legislativo: esa persona asumirá la Presidencia interina y gobernará hasta la toma de posesión del vencedor electoral.
Actores políticos y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron con demandas de transparencia y exigencias de investigar a fondo los hechos narrados en los reportes periodísticos. Algunos bloques parlamentarios justificaron la censura como una medida de control político, otros advirtieron sobre riesgos de mayor polarización y deslegitimación institucional a pocos días de la votación popular.
La destitución complica la recta final del calendario electoral: quien asuma de forma interina no podrá integrarse a las listas como candidato (acorde a la normativa electoral vigente) y la necesidad de designar un nuevo presidente del Congreso añade presión sobre las bancas para acordar una salida institucional. El episodio vuelve a poner sobre la mesa debates de fondo sobre las reglas de sucesión, las facultades del Legislativo y la calidad de los controles institucionales en el país.
La remoción de José Jerí vuelve a confirmar que la crisis política en Perú aún sigue atravesada por la fragilidad de las instituciones y la prevalencia de conflictos entre intereses personales en momentos críticos. Más allá de las responsabilidades personales que esclarezcan las investigaciones, la urgencia política inmediata es asegurar una sucesión ordenada que respete la Constitución peruana y preserve las condiciones de transparencia para una elección legítima. La capacidad del Congreso para elegir un reemplazo con mínima legitimidad y la respuesta de la justicia a las denuncias serán decisivas para evaluar si este nuevo episodio profundiza la inestabilidad o permite retomar un cauce institucional antes de la transferencia de poder.
Que el conocimiento no se extinga.
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