China dio un paso relevante en el debate internacional sobre inteligencia artificial y empleo luego de que un tribunal dictara que las empresas no pueden despedir trabajadores únicamente para sustituirlos por sistemas automatizados. El fallo, dictado a fines de abril, surgió tras una disputa laboral en Hangzhou y es interpretado como uno de los primeros precedentes judiciales que buscan poner límites concretos al reemplazo de empleados por inteligencia artificial.
El caso involucró a un trabajador de una empresa tecnológica que se dedicaba al control de calidad de modelos de lenguaje e inteligencia artificial. Según la sentencia, la compañía intentó reasignarlo a un puesto de menor categoría con una reducción salarial significativa luego de considerar que sus tareas podían ser automatizadas. Tras rechazar la modificación contractual, el empleado fue despedido. Sin embargo, tanto la instancia arbitral como los tribunales posteriores consideraron ilegal la desvinculación y ordenaron una compensación económica.
Los jueces sostuvieron que la adopción de inteligencia artificial constituye una decisión empresarial y no una “circunstancia objetiva” suficiente para justificar la ruptura unilateral de un contrato laboral. El tribunal remarcó, además, que las empresas deben priorizar mecanismos de reubicación, readaptación o compensación antes de avanzar con despidos vinculados a procesos de automatización.
La resolución aparece en un contexto de creciente incorporación de sistemas de inteligencia artificial en empresas tecnológicas, financieras, logísticas y de servicios a nivel mundial. En distintos países, compañías comenzaron a utilizar la IA no solo para reemplazar tareas administrativas o repetitivas, sino también para supervisar el desempeño laboral, evaluar productividad y decidir contrataciones o desvinculaciones. El avance de estos sistemas debe abrir el debate sobre transparencia, derechos laborales y control humano en la toma de decisiones empresariales.
En Europa, la Ley de IA de la Unión Europea incorporó disposiciones específicas para sistemas utilizados en recursos humanos y selección de personal, catalogándolos como aplicaciones de “alto riesgo”. Esta normativa establece obligaciones de supervisión humana, evaluación de impacto y protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar derechos fundamentales de trabajadores y candidatos.
El caso chino también expuso la tensión entre el desarrollo tecnológico y la estabilidad laboral en economías cada vez más digitalizadas. Mientras gobiernos y empresas impulsan inversiones masivas en inteligencia artificial para mejorar productividad y competitividad, sindicatos, académicos y organismos internacionales advierten sobre el impacto que estas transformaciones pueden tener en el empleo y en las condiciones de trabajo. En paralelo, estudios recientes alertan que la automatización podría profundizar desigualdades salariales y acelerar procesos de precarización si no existen marcos regulatorios adecuados.
La decisión judicial en China no impide el avance de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, pero introduce un límite sobre la manera en que las compañías gestionan esa transición. El fallo refleja que la incorporación de nuevas tecnologías comienza a generar respuestas regulatorias y judiciales orientadas a equilibrar innovación y protección laboral. En un escenario donde la inteligencia artificial adquiere cada vez más influencia sobre el ingreso, permanencia y salida de trabajadores dentro de las empresas, el debate sobre quién controla las decisiones y bajo qué criterios se vuelve cada vez más relevante.
Que el conocimiento no se extinga.