La relación entre Argentina y Venezuela sigue deteriorandose, esta vez por la detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo el 8 de diciembre. Gallo ingresó al país por vía terrestre a través de Colombia, con el objetivo de encontrarse con su familia, comprendida por su esposa -nacional venezolana- y su hija en común. Allí lo detuvieron las autoridades venezolanas. Este es otro caso más de las tantas detenciones del régimen chavista, que aumentaron desde las elecciones del 28 de julio, contra ciudadanos de otros países en su territorio.
Grandes cabezas del régimen de Nicolás Maduro, como el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Diosdado Cabello o el Canciller Yván Gil presentaron como motivo para detenerlo que sea “parte de de un complot para atentar contra el gobierno de Maduro” o que forme parte de un “plan terrorista”. Miembros del régimen de Maduro consideran que el gendarme puede estar ligado a intentos de liberar a los opositores políticos venezolanos refugiados en la embajada argentina, la cual se encuentra asediada por la policía.
Esta situación generó respuestas por parte de los funcionarios del gobierno de Javier Milei, como la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien, en un tono confrontativo, instó al gobierno venezolano a “liberar a Nahuel Gallo o atenerse a la consecuencias”. Por su lado, el Canciller Gerardo Werthein considera a estas detenciones arbitrarias como una estrategia del gobierno de Maduro para extorsionar a los países que no reconocieron su legitimidad luego de las elecciones. Además, los funcionarios argentinos denuncian que la detención del gendarme constituye un delito de lesa humanidad, especialmente teniendo en cuenta las condiciones y el lugar donde se encuentra detenido el hombre. El “Helicoide” es lugar donde se encierra a los opositores al régimen y donde se cree que puede estar siendo objeto de actos de tortura.
Lo cierto es que la detención del gendarme argentino en Venezuela constituye una violación al derecho internacional tanto habitual, pues no corresponde al comportamiento de buena fe y respeto a los derechos humanos por parte de los Estados. Por ejemplo, viola los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (también conocida como Pacto de San José de Costa Rica), los cuales protegen a las personas de detenciones arbitrarias y garantizan el debido proceso y un juicio justo.
En este sentido, el gobierno argentino tiene un repertorio de posibles acciones a tomar a la hora de abordar esta controversia. Por un lado, se pueden tomar medidas de retorsión con Venezuela, las cuales pueden variar desde la denuncia ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la movilización de la opinión pública internacional en torno a esta cuestión para ejercer presiones sobre el régimen de Maduro. En este sentido, destaca la participación de Amnistía Internacional, la cual presentó su apoyo a Cancillería argentina en el proceso de denuncia del hecho. Asimismo, el gobierno argentino está buscando presentar como mediadores en esta controversia a Brasil o a Colombia, puesto que el régimen de Maduro rompió por completo las relaciones diplomáticas con Argentina.
Que el conocimiento no se extinga.