Crisis en Bolivia: El poder cercado por la calle

Mientras aumentan las movilizaciones y se profundiza la crisis económica en Bolivia, el gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para sostener el orden político y evitar un deterioro mayor.

Bolivia atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia económica reciente: el colapso del modelo basado en la exportación de hidrocarburos. Esto dio paso a una aguda escasez de dólares y combustibles, una crisis que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz intenta contener mediante duras reformas estructurales, mientras que la conflictividad social vuelve a encender las rutas del país. 

Desde comienzos del mes de mayo iniciaron conflictos sociales en donde varios sectores de la sociedad boliviana se manifestaron contra algunas medidas tomadas por el presidente Paz, como el caso de los maestros que marchaban por un aumento salarial, transportistas que pedían una mejor calidad de combustible e indígenas de la región amazónica del país pedían la anulación de la actual ley agraria. Estas demandas circulaban por la presión de las decisiones gubernamentales, como la de Central Obrera Boliviana que exigía un aumento salarial adicional al 20% que hubo a comienzos de año. Los manifestantes que comenzaron con la huelga le exigen al gobierno de Paz que dé un paso atrás con los planes de austeridad y se ocupe en el aumento de la calidad de vida de los bolivianos e incluso algunos manifestantes llegaron a pedir su renuncia. 

La respuesta del gobierno fue en defensa de las políticas de recorte de gastos y reducción de subsidios a los combustibles como medidas necesarias para mantener la estabilidad financiera. Además, Rodrigo Paz está preparando una serie de reformas para enviar al congreso que incluyen el levantamiento gradual de los controles de precios de los combustibles y medidas para impulsar la producción e inversión energética nacional. El gobierno busca aliviar las tensiones por medio de negociaciones y aumentos salariales, al mismo tiempo desplegó a unos 3.500 efectivos de seguridad para despejar los bloqueos de las carreteras. Según el informe de las autoridades bolivianas, solo 57 personas fueron arrestadas y culparon a la oposición liderada por Evo Morales por impulsar la violencia y bloqueos, lo que causó la muerte de al menos 3 personas que no llegaron al hospital.

El ex presidente, Evo Morales (2006-2019), respaldó las protestas describiéndolas cómo una respuesta a la crisis que atraviesa Bolivia y a la persecución política. Miles de sus seguidores se manifestaron luego de que un juez de la corte boliviana declaró que Evo Morales desobedeció deliberadamente una orden judicial a principio de mes por no comparecer ante el tribunal por un caso de trata de personas. Ante esto, Morales negó los casos en su contra y se declaró inocente. Evo Morales manifestó en sus redes sociales, desafiando al gobierno de Paz: “Mientras no se atiendan las necesidades estructurales como el combustible, comida e inflación, la subversión no acabará”. 

A partir del 18 de mayo, las protestas se convirtieron en vandalismo y saqueos en las ciudades de La Paz y El Alto. Los sectores populares se expresaron con piedras y explosivos, además, algunos intentaron ingresar a la Plaza de Armas, en donde se sitúa la casa de gobierno. La policía antidisturbios se enfrentó a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos que cubrieron las calles con una intensa neblina luego de que un grupo de manifestantes saqueara una sede de registro nacional de bienes, donde robaron computadoras, pantallas mobiliarias y otros artículos de oficina. Hasta ese momento no se registraron detenidos, pero sí personas lesionadas y un vehículo oficial incendiado. 

La crisis de Bolivia tuvo repercusión internacional, confirmaron que el país atraviesa una crisis alimentaria y sanitaria por los cierres de las vías troncales. Argentina confirmó una asistencia humanitaria con el envío de aviones Hércules de las fuerzas armadas, transportando alimentos e insumos sanitarios emergentes. Otros países latinoamericanos como Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su preocupación por la situación humanitaria, rechazando todo tipo de acción orientada a la desestabilización del orden democrático y de alterar la institucionalidad del gobierno boliviano. Por otra parte, el gobierno de Donald Trump respaldó al gobierno de Paz, sumándose a la condena de acciones que lleven a la desestabilización del gobierno, apoyando a los esfuerzos oficiales para restaurar el orden. 

La crisis actual de Bolivia es el doloroso despertar de un modelo de ilusión macroeconómica que enfrentó al país con una cruda paradoja: una urgencia financiera que exige reformas de shock y realismo económico, pero la fractura social responde con resistencia y bloqueos en la calle. El desafío que tiene Bolivia es reconstruir un pacto social que le permita sanar su economía sin romper su democracia.

Que el conocimiento no se extinga.