Desde su designación como sede, Brasil inició una fuerte apuesta diplomática para liderar la COP30, buscando la implementación de estrategias climáticas concretas. Se definieron innovaciones estructurales, se crearon “círculos” temáticos con ministros, adaptaciones, pueblos indígenas, y consejos de expertos para generar recomendaciones técnicas; todo con el objetivo de fortalecer la acción integral de la sociedad brasileña. Además, Brasil buscó impulsar la integración global de los mercados de carbono, aprovechando su recién creado Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE).
En Belém, los pabellones brasileños se inauguraron con la participación de autoridades del gobierno clave como la ministra de Medio Ambiente Marina Silva y la ministra de Pueblos Indígenas Sonia Guajajara, entre otros. Los espacios Azul (negociaciones) y Verde (inclusión social) albergaron paneles sobre acciones climáticas nacionales, la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Brasil y su Plan Clima hasta 2035. Durante las primeras jornadas sectores de la sociedad civil, pueblos indígenas y activistas exigieron medidas concretas como protección de territorios, justicia climática, financiamiento real y un compromiso creíble con la conservación ambiental. Sin embargo, las negociaciones se tensaron ya que varias potencias y países productores de combustibles fósiles rechazaron incluir en el borrador final un calendario claro de descarbonización, lo que debilitó seriamente las expectativas de un acuerdo robusto.
También se sumó un episodio dramático: el 20 de noviembre un incendio en la “Zona Azul”, el área donde se desarrollaban las negociaciones formales, obligó a evacuar el lugar, causando interrupciones en un momento clave de definición del llamado plan “mutirão”. Aunque no hubo víctimas fatales, trece personas fueron atendidas por inhalación de humo, y el replanteo de la logística generó dudas sobre la continuidad de los debates. Además, se registraron protestas de comunidades indígenas que ingresaron a la “Zona Azul”, denunciando su exclusión de decisiones cruciales e insistiendo en que sus territorios no se negocian.
El texto final aprobado reconoce la urgencia de una “transición justa” y compromete un aumento modesto en los fondos para adaptación climática. Pero omite cualquier hoja de ruta clara para el abandono progresivo de combustibles fósiles, una de las demandas centrales de muchos países vulnerables. Para críticos esto representa un retroceso: las declaraciones siguen siendo genéricas y sin medidas vinculantes, lo que alimenta el escepticismo sobre la eficacia del régimen climático multilateral.
Para pueblos indígenas, activistas y organizaciones ambientales, la cumbre se convierte en una oportunidad desperdiciada. Algunas comunidades denunciaron no haber sido incluidas de forma efectiva en las negociaciones, y cuestionan que gobiernos y empresas prioricen intereses económicos por sobre la conservación, una crítica que adquiere especial resonancia en la Amazonía.
La COP30 dejó a Brasil en el centro de la escena climática, reforzando su papel diplomático, pero también mostró los límites de la cooperación global. Los compromisos financieros siguen siendo insuficientes y la falta de consenso sobre medidas concretas evidencia la fragmentación entre países del Norte y del Sur. La apuesta brasileña por liderar un mercado de carbono internacional se ve ahora entre tensiones: algunos países desarrollados y productores tradicionales de fósiles no empujaron hacia una eliminación más rápida de combustibles sucios.
Para la región, la COP30 pudo haber significado un punto de inflexión al intentar conseguir un compromiso conjunto para defender ecosistemas, movilizar financiamiento y avanzar hacia una transición ecológica justa. Pero los resultados limitados y la falta de concreción debilitaron la confianza en la diplomacia ambiental. Si los grandes emisores y países más desarrollados no acompañan con acciones reales, América Latina quedará expuesta a nuevos desequilibrios climáticos, socioambientales y económicos
La COP30 ilustró, una vez más, la tensión fundamental en la gobernanza global del clima. La urgencia científica y moral de actuar ya se enfrenta a intereses geopolíticos, económicos y estructurales difíciles de conciliar. Brasil ofreció su Amazonía como escenario simbólico; queda por ver si la comunidad internacional traduce ese simbolismo en decisiones concretas.
En tiempos de emergencia climática, la diplomacia verde no puede conformarse con gestos: exige compromiso real, recursos efectivos y justicia social.
Que el conocimiento no se extinga.