Colombia y Ecuador, dos socios históricos de la región, entraron en una «guerra comercial y diplomática». El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, encendió las tensiones estableciendo aranceles a las importaciones colombianas argumentando razones securitarias. Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió enérgicamente cortando el suministro energético provisto a Ecuador y estableciendo medidas recíprocas.
La disputa entre ambos países inició con la imposición de un arancel del 30% a los productos colombianos, por parte del presidente Noboa. La denominó como una “tasa de seguridad” en respuesta a la sensación de inseguridad en la frontera colombo-ecuatoriana. Este impuesto entraría en vigor el 1 de febrero.
Quito justifica el arancel alegando una “falta de reciprocidad” y un escaso “compromiso real” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Noboa sostiene que sus militares “pelean solos” en la zona de emergencia contra grupos criminales y narcotraficantes. Según la policía ecuatoriana, como informó AP News, del lado colombiano de la frontera operan grupos armados ilegales de narcotraficantes y delincuentes con relativa libertad.
Asimismo, otro de los argumentos esgrimidos por el gobierno ecuatoriano es el déficit comercial desfavorable para el país con respecto a Colombia. Noboa apunta a un déficit de más de mil millones de dólares anuales, como informó CNN. Todos estos factores determinaron la imposición ecuatoriana de la, denominada por el presidente, “tasa de seguridad”.
El gobierno colombiano no tardó en responder a las acusaciones de inoperatividad y falta de colaboración de Noboa. En un comunicado de la Cancillería colombiana, el Ministerio de Defensa presentó cifras sobre las incautaciones (más de 195 toneladas de cocaína en 2025). Asimismo, se contraargumentó reportando la realización de operaciones conjuntas recientes con Ecuador, como la incautación de 2,24 toneladas de marihuana, rechazando la narrativa ecuatoriana.
Ciertamente, la frontera colombo-ecuatoriana, dada su extensión de entre 600 y 700 kilómetros, es porosa y compleja. Luego de la paz con las FARC, la dinámica en esta zona se transformó, permitiendo a grupos disidentes y criminales operar allí. Ecuador también pasó de país de tránsito a plataforma de exportación y centro de acopio, lo que explica la urgencia seguritaria de Noboa.
Asimismo, no debe desconocerse que la contraposición ideológica entre los presidentes de ambos Estados inflama las tensiones diplomáticas. Noboa, representante de la derecha latinoamericana, está imitando el modelo trumpista de armamentización de los aranceles para la coerción política. Por su parte, como evidenció la última crisis diplomática entre Bogotá y Washington, el presidente Petro representa a la izquierda confrontacional que encara la amenaza ecuatoriana.
Sumado a esto, analistas de AlJazeera señalan que el arancel de Noboa puede ser una represalia frente a una injerencia colombiana en asuntos internos ecuatorianos. Un día antes del anuncio ecuatoriano, Petro exigió vía redes sociales la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
En cualquier caso, luego del anuncio de Noboa, se experimentó una escalada diplomática de represalias entre ambos Estados. Colombia respondió con aranceles recíprocos del 30% a varios productos ecuatorianos. No obstante, la retaliación del gobierno colombiano fue más allá.
Bogotá anunció también la suspensión indefinida de exportaciones de electricidad. Oficialmente, se argumentó la decisión por motivos de “soberanía energética” y parte de la agenda climática. No obstante, políticamente se interpreta como un castigo a Ecuador por sus constantes crisis energéticas y su dependencia del suministro colombiano.
En respuesta, Ecuador se sumó a la disputa energética. Amenazó con aplicar “reciprocidad” a la medida previamente mencionada en las tarifas de transporte de crudo colombiano por Ecuador. Y es que Colombia depende del Oleoducto de Crudos Pesados que pasa por Ecuador para transportar este producto hacia el Pacífico.
La escalada suscitó reacciones en diversos actores, como la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (ANALDEX) o las Cámaras de Comercio de ambos países. Advierten que esta situación viola la normativa de la Comunidad Andina (CAN), encarece la vida en ambos Estados y fomenta el contrabando, afectando el empleo. Ciertamente, este episodio en las relaciones colombo-ecuatorianas amenaza con poner en riesgo la ya débil integración regional latinoamericana: en este caso, a la CAN.
Sin embargo, la diplomacia se presenta como una vía para navegar esta escalada de tensiones entre Colombia y Ecuador. Pese a la retórica agresiva, se plantea la posibilidad de una reunión bilateral entre ambos gobiernos para destrabar la disputa. No obstante, Petro condicionó la charla a discutir la creación de una política conjunta de puertos, dado que el narcotráfico es de doble vía.
Queda ver si se accederá a las condiciones de Petro. En cualquier caso, la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador denota lo endeble que todavía es la integración andina. Esta fragilidad se ve expuesta cuando la política doméstica seguritaria y la discrepancia ideológica priman sobre la diplomacia comercial entre dos Estados.
Que el conocimiento no se extinga.