La carrera por la ONU: tres candidatos toman ventaja

La segunda votación informal del Consejo de Seguridad dejó a Carolyn Rodrigues-Birkett, Rebeca Grynspan y Rafael Mariano Grossi como los nombres mejor posicionados para suceder a António Guterres. Ninguno fue bloqueado hasta ahora por las potencias con poder de veto, aunque la instancia decisiva todavía no comenzó.

Un terremoto de magnitud 7.4 golpeó Colombia el 10 de agosto, con epicentro en el occidente del país y dejando más de 300 muertos, miles de personas heridas y desaparecidas, además de  graves afectaciones en la infraestructura de ciudades en el Eje Cafetero, como Cali y Pereira. La emergencia ocurrió apenas tres días después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. 

Durante las primeras horas, el Gobierno colombiano recibió múltiples ofertas de asistencia internacional, entre ellas equipos de búsqueda y rescate, personal especializado, insumos médicos y ayuda humanitaria. Sin embargo, la negación a ciertos equipos extranjeros generó controversia debido a que el gobierno inicialmente sostuvo que contaban con la capacidad suficiente para atender las labores de búsqueda y rescate, por lo que no era necesario solicitar apoyo internacional. 

La decisión de aceptar, priorizar o limitar determinados tipos de asistencia internacional ocurrió dentro de un contexto de transición gubernamental y de redefinición de las relaciones exteriores de Colombia. Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), argumentó que Colombia tenía 23 grupos USAR certificados. Dos días después, David Santiago Tamayo asumió la dirección de la entidad bajo el nuevo gobierno y anunció que Colombia recibiría equipos oficiales de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. El ingreso de equipos internacionales de búsqueda y rescate (USAR) no dependía solo de una decisión gubernamental. Estos equipos requerían certificaciones ante el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), de la ONU. De acuerdo con las directrices de INSARAG, el país afectado mantiene la responsabilidad principal de coordinar la respuesta dentro de su territorio; entonces, las autoridades nacionales deben evaluar sus propias capacidades, identificar necesidades y determinar en qué áreas la asistencia internacional puede complementar los recursos nacionales.

No obstante, la selección de los países que participaron directamente en las labores de búsqueda y rescate provocó cuestionamientos políticos, ya que otros gobiernos que habían ofrecido asistencia encontraron mayores obstáculos para brindar este tipo de apoyo. México, por ejemplo, confirmó que su brigada de rescate del Ejército no pudo ingresar a Colombia debido a requisitos de certificación. En contraste, los Topos Azteca, una organización civil de rescatistas mexicanos, viajaron por sus propios medios y buscaron incorporarse a las labores de emergencia en Cali. Argentina, país con un gobierno de derecha, ofreció asistencia humanitaria desde las primeras horas posteriores al terremoto pero fue rechazada. La mayoría de los países a los que se les negó el envío de rescatistas optaron entonces por enviar insumos que fueron aceptados sin ninguna distinción, como alimentos, agua, víveres y medicamentos en lugar del envío de rescatistas. 

La controversia sobre los criterios utilizados para determinar qué tipo de asistencia era considerada necesaria y qué países podrían participar directamente en las labores de rescate generaron críticas hacia el nuevo gobierno por las continuas necesidades de la población colombiana. De acuerdo con una nueva revisión del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas, aproximadamente 1.2 millones de personas todavía necesitan asistencia humanitaria. Pero esta ayuda resultó ser desigual, hay comunidades a las que es complicado acceder por el daño en las carreteras y la ubicación de áreas rurales. 

La emergencia no termina a casi un mes desde el terremoto. La necesidad de apoyo humanitario internacional continúa pero irá reduciendo conforme pase el tiempo. Para especialistas de la ONU, la prioridad es llegar a todas las comunidades afectadas y garantizar apoyo en temas como vivienda, logística, agua, atención sanitaria, salud, alimentación, protección, reconstrucción y recuperación.

Que el conocimiento no se extinga.