Claudio Castro, gobernador del Estado de Río de Janeiro del Partido Liberal (PL), ejecutó la “Operación contención” contra el grupo narco Comando Vermelho. Caracterizó el operativo como un éxito y mencionó que solo hubo cuatro víctimas, los policías fallecidos en el enfrentamiento. En paralelo, corren versiones y denuncias sobre abusos de poder, violación de derechos humanos y fusilamientos por parte de la policía. Incluso, la oficina de la ONU para los derechos humanos repudió la operación, se declaró horrorizada por las consecuencias y pidió una investigación sobre las muertes.
El 28 de octubre de 2025 quedará como uno de los días más grises de la historia reciente del país. Las favelas del Complexo do Alemão y Penha, en la ciudad de Río de Janeiro, se convirtieron en escenario de guerra. En medio de una batalla entre los escuadrones de la Policía Civil y Militar, y el Comando Vermelho, el operativo dejó al menos 130 muertos y más de 100 detenidos. Días después, crece el miedo a la reacción del grupo narcocriminal, la ciudad sigue inundada de temor y la incógnita es ¿Cuál será la resolución?
Los hechos revelan una situación política e ideológica que no contribuye a la solución de nuevos conflictos. Queda mucho por saber del operativo, ya que está rodeado de interrogantes y relatos contradictorios. Los cuestionamientos al operativo y la legalidad de las muertes son uno de los puntos principales de discusión. Por ejemplo, aún no se sabe si algunas de las muertes fueron, efectivamente, producto del enfrentamiento armado o si fueron fusilamientos. Además, las reacciones de la propia ciudadanía, entre quienes apoyan el operativo y quienes lo cuestionan, proponen un clima polarizado que favorece el aumento de la tensión y la incertidumbre en las calles.
Claudio Castro, gobernador del Estado de Río de Janeiro. - Marcelo Camargo / Agência Brasil
Tras las especulaciones políticas sobre lo sucedido y las tensiones ideológicas entre Claudio Castro, y Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente del partido de los trabajadores (PT), Lula manifestó en redes sociales: “No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades (...) precisamos un trabajo coordinado que alcance a la columna vertebral del tráfico (de drogas) sin poner a policia, niños y familias inocentes en riesgo”.
El operativo expuso algunas fracturas políticas entre ambos dirgentes. Castro acusa al gobierno federal de abandono, aseverando que el gobierno estatal solicitó vehículos blindados del ejército para combatir el narcotráfico sin obtener respuesta. En base a esto se desliza la idea, desde el gobierno nacional de “maniobras políticas” de cara a las elecciones de 2026.
Para calmar las especulaciones políticas y las discusiones ideologizadas sobre lo sucedido, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski, viajó a Río por orden de Lula y cerró filas con Castro, con quien se ofreció a cooperar para superar lo más rápido posible la crisis de seguridad. Además, el presidente brasileño promulgó el miércoles una ley que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas para quienes intentan obstruir las investigaciones.
Que el conocimiento no se extinga.