Bombardeos, captura y tensión diplomática: las horas que marcaron el giro en Venezuela

Estados Unidos confirmó una operación militar de gran escala que derivó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, lo que provocó un estado de excepción en Venezuela.

Fuerzas militares de los Estados Unidos lanzaron una operación de gran escala en territorio venezolano durante la madrugada del sábado 3 de enero. La ofensiva incluyó bombardeos en Caracas y en otras zonas estratégicas del país, y culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes, según información de fuentes oficiales, habrían sido trasladados fuera de Venezuela.

La operación, identificada por diversas agencias como Operación Absoluta, se inició alrededor de las 02:00 (hora local de Caracas) con ataques aéreos en distintos puntos, como La Guaira e Higuerote. Los bombardeos estuvieron acompañados por vuelos de aeronaves a baja altura y reportes de cortes eléctricos en varios sectores de la capital. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la ofensiva fue ordenada por su administración y aseguró que “un ataque a gran escala” permitió la detención y el posterior traslado aéreo de Maduro y Flores.

Alrededor de las 11 a.m., Trump brindó una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, y destacó que la operación militar había sido “exitosa”. También, aseguró que Estados Unidos asumirá temporalmente el control de la administración venezolana para garantizar una transición “segura y ordenada”.

Un dato que agravó el impacto de la ofensiva fue la confirmación de un saldo fatal de alrededor de 40 muertos como consecuencia de los bombardeos estadounidenses sobre territorio venezolano. La información fue ratificada por altos mandos venezolanos a medios internacionales, que señalaron que entre los fallecidos habría tanto civiles como militares.

Previamente, el presidente Donald Trump había asegurado que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos soldados resultaron heridos durante la operación. Horas más tarde, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, confirmó que helicópteros usados para la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron atacados, pero que “seguían en condiciones de volar”, y que todas las aeronaves regresaron a sus bases.

Además de los ataques registrados en Caracas, fuentes oficiales venezolanas informaron que objetivos militares en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira también fueron alcanzados durante la ofensiva aérea.

Trump describió la acción como una respuesta a “décadas de narco-terrorismo” y prometió que Maduro enfrentará cargos federales en tribunales de Estados Unidos, incluidos los relacionados con narcotráfico y conspiración. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó que ambos están sujetos a indictments (acusaciones formales) en Nueva York y que enfrentarán el “pleno peso de la justicia” en suelo estadounidense. 

Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de máxima seguridad de Nueva York, donde quedó alojado bajo estrictas medidas de custodia mientras se avanza con el proceso judicial en su contra. Se trata de un complejo utilizado para detenidos de alto perfil y casos federales sensibles. 

El gobierno de Venezuela ha calificado la operación como una “agresión militar” contra su soberanía, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, describió los ataques como “ruines y cobardes”, denunciando impactos en zonas civiles además de instalaciones militares. Asimismo, se decretó un estado de excepción en todo el territorio nacional.

Diosdado Cabello, dirigente del chavismo, apareció en Caracas con uniformes de seguridad y llamó a la población a mantener la calma y confiar en las autoridades. Las fuerzas de seguridad han patrullado varios sectores de la capital en medio de reportes de incertidumbre y movimientos militares. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerza como presidenta interina para mantener la continuidad del gobierno ante la ausencia temporal de Maduro, lo que marca un nuevo capítulo en esta crisis política interna.

En ese contexto, la presidenta interina sorprendió con un giro discursivo al manifestar su disposición a cooperar con Estados Unidos a través de declaraciones oficiales, invitó a Washington a trabajar en una “agenda conjunta” orientada al desarrollo compartido y enmarcada en la legalidad internacional, sin hacer alusión directa a la situación judicial de Maduro. “Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional”, afirmó Rodríguez, al tiempo que sostuvo que “nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”.

El cambio de postura se produjo luego de que el presidente Donald Trump advirtiera públicamente sobre la posibilidad de que enfrentara “un precio más alto” en caso de no cooperar con la administración estadounidense. Esta nueva posición de Delcy Rodríguez reconfigura el escenario político interno, al dejar en un segundo plano a los principales referentes opositores, María Corina Manchado y Edmundo González Urrutia. 

Reacciones en los diversos sectores

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó profunda alarma por la escalada militar y llamó a que se respete el derecho internacional y la soberanía de los Estados. Señaló que la acción podría sentar un “precedente peligroso” y afectar la estabilidad regional, destacando la necesidad de mecanismos multilaterales para resolver crisis políticas.

Diversos jefes de Estado y gobiernos latinoamericanos manifestaron preocupación por el uso de la fuerza y por lo que consideran una violación de la soberanía de Venezuela. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó los bombardeos y la captura como un cruce de “una línea inaceptable” que pone en riesgo la paz regional y el respeto al derecho internacional. Posturas similares fueron expresadas por los gobiernos de México, Colombia y Chile, que enfatizaron la importancia de soluciones pacíficas y diplomáticas. 

Desde el Vaticano, el papa León XIV expresó su preocupación por la situación en Venezuela y pidió que “el bien del pueblo venezolano” prevalezca sobre cualquier otra consideración, subrayando la necesidad de garantizar la soberanía del país, asegurar el estado de derecho inscrito en la Constitución y respetar los derechos humanos y civiles de todos sus habitantes.

Por su parte, el presidente Javier Milei apoyó al operativo estadounidense, mencionando que la captura constituía un avance para la libertad. “La libertad avanza. ¡Viva la libertad carajo!”, expresó por X. En ese marco, Manuel Adorni anunció la prohibición de ingreso al país de funcionarios y exfuncionarios vinculados al régimen chavista, en una medida que fue presentada como una respuesta política y diplomática directa a los acontecimientos. La disposición alcanza a integrantes del círculo de poder de Nicolás Maduro, incluidos funcionarios civiles y militares, y se fundamenta en presuntas violaciones a los derechos humanos y en el quiebre del orden democrático venezolano.

La líder opositora María Corina Machado emitió declaraciones celebrando el arresto de Maduro y considerándolo un momento histórico para la apertura de un proceso de cambio político en Venezuela. Machado también mencionó planes para formar un gobierno de transición con apoyo de figuras políticas que ya tenían reconocimiento internacional previo, posicionando estos eventos como una oportunidad para restaurar instituciones democráticas

La operación de la madrugada del 3 de enero se produce en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela que se intensificó durante los últimos meses de 2025, con sanciones, acusaciones de narcotráfico, cierre del espacio aéreo y acciones navales en el Caribe. Es uno de los acontecimientos más significativos en la historia de las relaciones entre ambos países desde la intervención estadounidense en Panamá en 1989 y podría tener implicaciones políticas, diplomáticas y económicas de largo alcance para la región.

Que el conocimiento no se extinga.