La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo episodio de máxima tensión luego de que grupos vinculados al ex mandatario Evo Morales ocuparan el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba. Tenian el objetivo de impedir una posible detención del ex presidente, investigado por la Justicia boliviana en causas vinculadas a presuntos de trata de personas, abuso sexual y estupro.
La ocupación del aeropuerto de Chimoré se transformó rápidamente en uno de los símbolos más fuertes de la crisis que atraviesa Bolivia. Durante las últimas semanas, distintos sectores sindicales y sociales impulsaron cortes de rutas, protestas y movilizaciones tanto en Cochabamba como en La Paz y El Alto. En paralelo, el gobierno desplegó operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas para intentar despejar los principales accesos bloqueados.
Los enfrentamientos más intensos ocurrieron en los alrededores de La Paz y en Río Seco, donde manifestantes respondieron con piedras y explosivos de fabricación casera al avance de los efectivos policiales, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar las protestas. El operativo, denominado “Corredor humanitario”, buscaba garantizar el paso de camiones con combustible, oxígeno medicinal y suministros básicos hacia distintas regiones afectadas por los bloqueos.
En medio de la escalada, dirigentes cercanos a Morales aseguraron públicamente que están dispuestos a defender al ex mandatario “aunque cueste vidas”, una frase que profundizó todavía más el clima de polarización política que vive el país. Morales, refugiado políticamente en el Chapare, continúa siendo el principal eje de tensión dentro de Bolivia mientras avanzan distintas investigaciones judiciales en su contra.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz denunció que detrás de las protestas existe un intento de desestabilización contra el orden democrático boliviano. “Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática”, afirmó el mandatario, mientras el gobierno intenta negociar con distintos sectores sindicales y sociales para reducir la conflictividad.
En América Latina, el único gobierno que se pronunció en favor de Morales fue el de Gustavo Petro. El mandatario colombiano habló de “insurrección popular” y se ofreció a “buscar formas pacíficas de salida”. Por otra parte, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá y Perú condenaron lo ocurrido.
De hecho, el gobierno de Javier Milei envió un avión Hercules C130, de la fuerza armada argentina, para trasladar alimentos a zonas bloqueadas. “Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”, afirmó Milei en la red social X.
Mientras tanto, Bolivia permanece atrapada en una crisis cada vez más profunda, con un ex presidente cercado judicialmente, una fuerte presión callejera y un escenario político que amenaza con deteriorarse todavía más en las próximas semanas.
Que el conocimiento no se extinga.