Afganistán: ¿Qué está pasando con las mujeres?

El movimiento talibán, surgido en 1994, impuso un régimen que restringe severamente los derechos de las mujeres bajo la sharía y el código Pashtunwali.

La Unión Soviética invadió Afganistán en 1978 para establecer un gobierno comunista. Sin embargo, en 1989, las tropas soviéticas fueron derrotadas por los muyahidines, facciones de insurgentes islámicos apoyados por Estados Unidos, que consecuentemente expulsaron a las milicias extranjeras del territorio. A partir de ese momento, comenzó una guerra civil entre las agrupaciones mercenarias y las fuerzas militares nacionales por la toma del control del Estado (Giner, 2021). Durante esta agitación, en 1994 surge el movimiento talibán en la provincia de Kandahar, región donde habitaba la etnia pastún. Luego, en 1996, los talibanes ocuparon Kabul, capital del Estado afgano, declararon el Emirato islámico e impusieron su estricto sistema regido por su interpretación del Corán.

El movimiento talibán se presenta como una agrupación político-militar cuyo objetivo es purificar a la sociedad afgana mediante la eliminación de la corrupción, la aplicación de la sharía y el código Pashtunwali. Este último es la base de su ideología como movimiento. Consiste en un conjunto de principios y valores tribales pastunes que rigen normativamente la conducta de los individuos para con su comunidad. Estos principios son aprendidos por los ciudadanos en las madrasas, que funcionan como centros islámicos de enseñanza de la interpretación talibán del Corán. Los más importantes son la valentía, la venganza, la hospitalidad, el género, y la ley de la sharía. 

En base a este código, el hombre talibán entiende que la defensa de su honor es fundamental, en conjunto con sus bienes y sus mujeres. Las mujeres se encuentran relacionadas estrechamente con el honor masculino, ya que el hombre puede verse afectado por el comportamiento femenino ya que su valor está ligado directamente con la pureza, la castidad y la reputación de la mujer. Si el hombre entiende que la mujer está desobedeciendo el código de conducta, esta es sometida a crímenes de honor bajo la interpretación radical de estos principios tribales. No obstante, no siempre fue de esta manera. 

Durante el periodo de ocupación soviético, las mujeres contaban con representación en el parlamento afgano, y accedían a educación universitaria y al empleo público. El 70% de los empleos educativos, el 50% del funcionariado público y el 40% de los trabajos del área médica correspondía a las mujeres. La situación cambió con la asunción del gobierno talibán en 1996. Muchas de las primeras medidas gubernamentales llevadas a cabo consistieron en la exclusión completa y permanente de las mujeres de los espacios políticos, sociales, educativos y laborales. Incluso, su situación se vió tan deteriorada, que muchas de ellas se vieron obligadas  a ejercer la prostitución.  

En el año 2001, Estados Unidos invadió Afganistán como consecuencia de la lucha contra el terrorismo tras el atentado del 11 de septiembre. Adicionalmente, la nación norteamericana declaró que el estado de las mujeres afganas también se encontraba entre las razones de la invasión. Durante la incursión de las tropas estadounidenses, se estableció la República Islámica de Afganistán y permanecieron en el territorio durante veinte años. 

Durante ese período, se realizaron avances en materia de respeto y promoción de los Derechos Humanos de las mujeres, pero no resultaron significativos. A pesar de que se estima que en muchas ocasiones las normas no fueron aplicadas de manera correspondiente y se considera que solo eran utilizadas como medio para mejorar la imagen del gobierno nacional ante la comunidad internacional, se observa que entre las políticas públicas dirigidas al  empoderamiento femenino se encuentran la creación del Ministerio de Asuntos para la Mujer, el reconocimiento de la igualdad de género en la Constitución Nacional de 2004, y la defensa del derecho de las mujeres a retornar a los espacios públicos donde, previamente, se le había prohibido su ingreso. (Ricaurte Varela, 2024).  

El Acuerdo de Doha fue la llave de regreso de los talibanes al poder en el año 2021. Las tropas extranjeras abandonaron Afganistán como resultado de la firma del acuerdo de conveniencia política creado para finalizar los conflictos armados que continuaban sucediendo en el territorio. En el mismo, los derechos de las mujeres no se tuvieron en cuenta y, desde la vuelta del gobierno talibán, su degradación aumentó. 

 Según el informe publicado en 2023 del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán de la ONU, en septiembre de 2021 se le prohibió a las niñas acceder a cursos más altos de 6° grado en las escuelas. En marzo de 2022 se limitó a mujeres y niñas el acceso a parques, a gimnasios, y al embarque de vuelos nacionales e internacionales sin su marido. Dos meses después, se impuso de manera obligatoria la utilización del “yihab” adecuadamente en conjunto con un chadari. En caso de no hacerlo, salir de su hogar no es una opción. En agosto se solicitó que aquellas trabajadoras de la función pública no acudan a su tarea y en 2023 se les prohibió trabajar en Organizaciones No Gubernamentales y en Naciones Unidas, entre otras. 

Es importante resaltar que muchas de estas iniciativas, al momento de su declaración, fueron presentadas como “temporales”, excusándose de que la restricción de derechos se debía a la necesidad de pulirse otras medidas posteriores. Sin embargo, estas aún permanecen. A su vez, también muchas de estas declaraciones son estratégicamente dirigidas a los hombres, en cuanto a que, como se mencionó anteriormente, son los encargados de controlar que sus esposas cumplan con la indicación.

Todas estas prohibiciones fueron encabezadas por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del gobierno talibán, el ente encargado de ejercer el control policial de la moral en el Estado, promoviendo la virtud y eliminando el vicio por medio de la aplicación de la interpretación talibán de la sharía (Cañon Cardona, 2023). La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) declara en su último informe de 2024 que el mismo, creado en 2021, se encuentra regido por directrices discriminatorias que violan sistemáticamente de los derechos humanos de la población afgana, sobre todo de las mujeres. Además, posee la tarea de utilizar métodos violentos para hacer cumplir sus disposiciones a la sociedad, acudiendo a amenazas, arrestos arbitrarios y detenciones, incluso, en ocasiones, al uso excesivo de la fuerza. 

A su vez, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU declaró que esta entidad gubernamental posee como objetivo eliminar completamente la presencia de las mujeres en público hasta el límite de que no se pueda oír su voz. Esta declaración se debe a la ley de “Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio” promulgada por este Ministerio durante el último año, la cual consiste en severas restricciones de aplicación a las mujeres. Entre ellas se observa la obligación de cubrirse el cuerpo completamente de pies de cabeza, la incapacidad de utilizar el transporte público sin acompañamiento de un hombre, y la imposibilidad de realizar contacto visual con otros varones que no sean el marido o un familiar. 

Una reciente encuesta realizada por la Oficina de ONU Mujeres en Afganistán, demostró que el 98% de las mujeres poseen una influencia limitada o nula en cuanto a las decisiones que se toman en su hogar y comunidad, tanto en las capitales de las provincias como en las zonas más rurales. Además, el 64% señaló que no se siente segura saliendo sola de sus hogares. Esta situación de exclusión social afecta enormemente a su salud mental, siendo que el 68% de las mujeres encuestadas respondieron que poseen una salud mental mala o muy mala; y el 8% aseguró conocer al menos una mujer o niña que intentó suicidarse. 

De esta manera, la promulgación de esta ley puede dificultar la reintegración de Afganistán a la comunidad internacional, aumentando la concepción que el resto de las naciones del mundo poseen respecto a que las políticas afganas violan los Derechos Humanos de las mujeres y niñas. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la cual Afganistán es Estado Parte, declara en su artículo 7 inciso 1.h) que la persecución  de un grupo por razones de género es un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, los demás Estados Parte pueden ejercer presión diplomática para que se lleve a cabo la revisión de las intenciones de esta normativa y asegurar que se ajuste a los compromisos internacionales asumidos en materia de Derechos Humanos.

Recientemente, entre los meses junio y julio del año en curso, se llevó a cabo una reunión cerrada sobre Afganistán liderada por la ONU, donde asistieron veinticinco Estados Miembros para conversar sobre la preocupación de la comunidad internacional para con la población afgana. La misma se llevó a cabo en Doha, la capital de Qatar, y fue el primer encuentro al que acudió el gobierno talibán. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expuso que, a pesar de que el gobierno talibán no posee reconocimiento internacional, su presencia es importante para abrir una oportunidad de diálogo que permita percibir a futuro la posibilidad de transformación de la situación actual de la comunidad afgana. No obstante, es importante remarcar que la reunión recibió severas críticas por no contar con la presencia de mujeres afganas para que expongan en primera persona la situación que atraviesan diariamente. 

Que el conocimiento no se extinga.