En los últimos años, distintos países impulsaron reformas laborales con objetivos diversos: flexibilizar contratos, reducir la jornada, modificar indemnizaciones o transformar la negociación colectiva. Aunque cada proceso respondió a contextos económicos propios, todos generaron debates intensos en la calle y en el Congreso.
Francia: flexibilización y protestas masivas
La reforma comenzó en 2016 con la sanción de la Ley N°2016-1088 (Loi Travail), que modificó el Código de Trabajo para ampliar el peso de los acuerdos de empresa por sobre los sectoriales y flexibilizar aspectos vinculados a jornada y despidos económicos. En 2017, el gobierno de Emmanuel Macron aprobó la reforma laboral y la iniciativa facilitó despidos, priorizó los acuerdos por parte de empleadores y estableció topes a las indemnizaciones por despido improcedente.
Las reformas provocaron masivas movilizaciones convocadas por la Confédération générale du travail (CGT), una de las principales centrales sindicales francesas, junto con la Force ouvrière (FO) y sectores de la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Las protestas incluyeron huelgas nacionales y manifestaciones en París y otras ciudades. El Ejecutivo defendió la reforma como un mecanismo para dinamizar el empleo.
Según datos de la Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE), la tasa de desempleo francesa descendió desde niveles cercanos al 9–10% a mediados de la década pasada hasta ubicarse en torno al 7% en los registros más recientes.
España: reforma para reducir temporalidad
La reforma de 2012 impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy generó dos huelgas generales convocadas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). La norma modificó las condiciones de despido y otorgó mayor flexibilidad interna a las empresas en el contexto de la crisis económica.
En 2021, el Real Decreto-ley 32/2021, aprobado bajo la presidencia de Pedro Sánchez, introdujo cambios orientados a reducir la temporalidad. Esta vez, la reforma fue producto de una negociación tripartita entre el Gobierno, la UGT, la CCOO y organizaciones empresariales, y recibió respaldo sindical.
Desde su implementación, la temporalidad descendió del orden del 26% en 2021 a cerca del 15% en 2024, mientras que el desempleo bajó desde niveles superiores al 13% hasta ubicarse en torno al 10–11%, según estadísticas oficiales y datos de la OCDE.
Brasil: flexibilización en contexto de crisis
La Ley 13.467 de 2017 reformó más de cien artículos de la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) durante la presidencia de Michel Temer. La reforma creó nuevas modalidades contractuales, reguló el teletrabajo y amplió la prevalencia de lo negociado sobre lo legislado en determinados aspectos.
Las centrales sindicales brasileñas, entre ellas la Central Única dos Trabalhadores (CUT) y la Força Sindical, convocaron movilizaciones y paros nacionales en rechazo a la reforma. El gobierno sostuvo que los cambios permitirían generar empleo formal y reducir la litigiosidad.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estatística (IBGE), la tasa de desempleo descendió desde niveles superiores al 12% en el período previo a la reforma hasta ubicarse en torno al 6–7% en 2024.
Chile: reducción de jornada a 40 horas
En 2023, el Congreso chileno aprobó la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales de manera gradual. La promulgación fue encabezada por el presidente Gabriel Boric.
La reforma fue respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile), que la calificó como un avance histórico en la calidad de vida. Durante el debate parlamentario también hubo manifestaciones de apoyo por parte de organizaciones sociales.
En 2022, el desempleo en Chile se ubicaba en torno al 8%. En 2023 y 2024 osciló entre el 8% y el 9%, en un contexto de desaceleración económica regional, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno.
México: debate por la semana de 40 horas
En México, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas avanzó en 2026 a partir de una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien promovió la modificación del artículo 123 de la Constitución para establecer una semana laboral máxima de 40 horas sin reducción salarial.
El proyecto fue tratado en el Senado de la República, donde obtuvo aprobación en lo general por amplia mayoría. El dictamen establece una implementación gradual entre 2027 y 2030, con un período de adecuación para empresas y trabajadores.
Tras la votación en la Cámara alta, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación definitiva, en el marco del procedimiento legislativo ordinario que requieren las reformas constitucionales.
El avance ocurre en un contexto de estabilidad relativa del empleo: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación en México se ubicó alrededor del 3% durante 2022 y 2023, uno de los niveles más bajos en la última década.
Las centrales sindicales reaccionaron con matices. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) respaldó el objetivo de la reducción, aunque solicitó mecanismos de transición sectorial. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) calificó la iniciativa como un avance en derechos laborales. En paralelo, el Frente Nacional por las 40 Horas impulsó movilizaciones y campañas públicas para acelerar su implementación.
A nivel internacional, las reformas laborales muestran trayectorias distintas: en algunos casos, se priorizó la flexibilidad empresarial; en otros, la estabilidad contractual o la reducción de jornada. En todos los escenarios, la discusión excedió lo técnico y se trasladó a las calles, con sindicatos, cámaras empresariales y trabajadores organizados como protagonistas centrales.
Que el conocimiento no se extinga.